Caracas.- El Instituto Casla presentó ante la OEA un informe donde se detallan crímenes de lesa humanidad y torturas cometidos por miembros del Gobierno de Nicolás Maduro. La diferencia a los anteriores: los tratos inhumanos relatados por un teniente que laboró en el Dgcim confirman denuncias hechas por los abogados de las víctimas.
El nuevo informe 2018 entregado por la defensora de derechos humanos Tamara Sujú detalla que decenas de civiles y militares venezolanos se encuentran detenidos «por cuerpos de inteligencia en varios calabozos secretos donde reciben tratos inhumanos». De acuerdo a la abogada, las denuncias de tortura incluyen menores de edad, civiles y militares, y en lo que va de 2019 han registrado al menos 40 casos nuevos.
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Ronald Dugarte, teniente que trabajó hasta el 28 de febrero en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Boleíta, fue el protagonista del informe. El funcionario, días antes de desertar de la Fuerza Armada, grabó de forma encubierta al Coronel Mejías Laya, con el rostro vendado, sentado en el piso con las manos atadas en la espalda y mostró que hacía sus necesidades en el mismo cuarto. Según Dugarte, duró en esa posición durante 30 días. Es de recordar que Mejías pertenecía al batallón Ayala cuando fue apresado y acusado de traición a la patria en febrero de 2019.
Otro de los videos grabados por Dugarte fue a petición del coronel Franco Quintero, quien le indicó que debía filmar al coronel Juan Caguaripano porque se negaba a recibir el desayuno. En el audiovisual se escucha decir al militar que no comerá por sentir malestares estomacales, y hasta que no hable con el coronel a cargo para que le den la autorización de unos exámenes, no recibiría el alimento. Caguaripano levanta un botellón con un líquido rojo, lo muestra a la cámara y dice que es su orina, que está roja.
Dugarte grabó a otros detenidos, como los coroneles Oswaldo García Palomo y José Acevedo; los funcionarios están esposados y comentan sobre una infección en la mano que tendría García Palomo, quien fue señalado de formar parte del intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro (agosto 2018) y detenido el 29 de enero pasado.
Sobre el general Miguel Rodríguez Torres, encarcelado desde marzo de 2018, el teniente de la Aviación afirmó que «está muy grave, está siendo atendido semanalmente por fisioterapeutas”.
Dugarte contó que durante los seis meses que trabajó en los calabozos
no pudo presenciar físicamente los momentos de tortura, pero sí pudo escuchar “los gritos de dolor”. “En los calabozos donde eran torturados los prisioneros nunca pude entrar. Solo permitían la entrada del mayor Hannover Herrero, mayor Blanco Hurtado, mayor Alexander Gramcko, teniente de navío Angola, capitán Cárdenas, capítán Becerra y otros funcionarios»; sin embargo, detalló que el procedimiento a seguir por los torturadores es llevar a las víctimas a las celdas con las manos atadas a la espalda, con capuchas o una carpeta amarrada a la cabeza con cinta adhesiva por un período de 30 días sin derecho a nada, solo a beber agua.
Alonso Medina Roa, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y abogado de militares como García Palomo, Acevedo Montáñez, Mejías Laya, Caguaripano, Suárez Ramos, entre otros, refiere que «el testimonio de este teniente de la Aviación confirma lo que venimos denunciando en cada una de las audiencias de presentación de militares: que a nuestros defendidos no se les respeta el debido proceso y son torturados con corriente, golpes, aplicación de sustancias tóxicas. Varios han referido que les inyectan sustancias desconocidas y a otros los han arrastrado por zonas montañosas; incluso los han lanzado».
Con respecto al caso de los militares detenidos por la sublevación del destacamento de Cotiza, en enero pasado, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, detalla que a estos hombres se les ha golpeado, aplicado descargas eléctricas, levantamiento de uñas y se les ha negado una defensa privada. Indica que estos elementos «violan el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, a la defensa y al debido proceso».
En 2018, el Instituto Cesla documentó 190 casos de tortura, de los cuales aseguraron en el momento que 11 habrían sido cometidos por hombres cubanos. La abogada Tamara Sujú indicó que la particularidad que tuvo el año pasado fue que el Estado «puso énfasis en torturar más a militares que a civiles»
De acuerdo a las cifras presentadas por Sujú, la tortura de civiles representó 38,7 %, mientras que la de militares estuvo por encima con un 61,3 %.
Por su parte, en 2017 la abogada y el Instituto Casla iniciaron la programación de un conjunto de audiencias públicas para denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En una de ellas, Sujú contabilizó alrededor de 289 casos de torturas cometidas por funcionarios de seguridad desde el Gobierno de Hugo Chávez hasta ese año y se informó sobre la creación de estructuras para torturar a privados de libertad, tales como El Helicoide y Plaza Venezuela, ambos a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
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