En los últimos 12 años han reducido garantías fundamentales de libertad de expresión | Foto: Archivo
Ipys Venezuela informa lo que hay que saber en torno a libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
1.- Leyes que promueven la censura En los últimos 12 años el Estado venezolano ha diseñado y ejecutado -de manera discrecional- leyes y decretos que restringen las garantías fundamentales de libertad de expresión y derecho al acceso a la información pública. · En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la información relacionada con las telecomunicaciones en el país es un secreto de Estado, y que la difusión pública podría atentar contra la “seguridad de la nación”. Ver: Alerta de IPYS Venezuela. · En 2014 se pusieron en marcha el Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa), la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (Begv), y el Sistema Popular de Protección para la Paz, cuyos decretos de fundación legalizan las acciones de inteligencia policial y vigilancia, y establecen restricciones para la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información pública. · El Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa), se constituyó en octubre de 2014, adscrito al poder ejecutivo. Tiene facultades para clasificar información, declarar información como secreto de Estado y determinar funciones de inteligencia y vigilancia con intenciones de restringir la información. Ver: Gaceta Oficial N° 40.266. · En 2012 la reforma del Código Orgánico Procesal Penal afectó el derecho a la privacidad, al suprimir la disposición de inviolabilidad de las comunicaciones personales. Desde IPYS Venezuela se consideró que este cambio normativo es contrario a lo que establece el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver: Centro de Derechos Humanos de la UCAB (2012) Análisis del Código Procesal Penal. · En agosto de 2014, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia consideró, mediante una sentencia, que el derecho de acceso a la información pública “no puede ser abusivo” y las solicitudes de los ciudadanos no pueden estar destinadas a obstaculizar el funcionamiento de la administración pública. 2.- Demandas judiciales ·Entre 2002 y 2015, Ipys Venezuela registró que el Estado emprendió 64 procesos judiciales en contra de activistas de DDHH, medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa. De estos 64, 29 fueron por difamación e injuria, y de estos 29, 25 se dieron bajo el gobierno de Nicolás Maduro. · Varias de estas acciones legales fueron acompañadas de órdenes de censura, que implicaron la prohibición de coberturas informativas sobre situación de salud pública, escasez, criminalidad, violencia y de corrupción. · La más grande de estas demandas por difamación e injuria fue la emprendida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra 22 periodistas, directivos y dueños de Tal Cual, El Nacional y el portal web La Patilla por haber replicado un reportaje del ABC de España, donde se relaciona al también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el narcotráfico. · Mientras este tipo de delitos tiende a eliminarse de las leyes de América Latina, en Venezuela estas acusaciones no solo han aumentado, sino que han sido desproporcionadas: se acompañan de solicitud de multas, prohibiciones de salida del país y órdenes de traslado forzoso a tribunales. 3.- Cambio de propiedad de los medios · Ipys Venezuela, en su reportaje de investigación “Propietarios de la censura”, encontró que existe un patrón de asedio hacia los medios muy parecido al que se aplicó en los países de Europa del Este, para asfixiar a los medios y obligar a sus dueños a venderlos. · Aunque la compra de medios es un derecho, y es legal, los estándares internacionales de derecho al acceso a la información garantizan el derecho de los ciudadanos a saber quiénes son sus dueños. · “Propietarios de la censura”, un reportaje de periodismo de investigación emprendido por Ipys Venezuela, reveló que en cinco años fueron vendidos 25 medios. Y que esta venta, que se dio en situaciones poco transparentes, comenzó en el interior del país. · En la investigación se demostró que 9 (36%) de los 25 medios analizados tienen vinculaciones con factores del poder gubernamental y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). · Hasta hoy se desconoce, por ejemplo, quiénes son los propietarios del diario El Universal, cuya transacción de compra-venta se realizó en España, bajo la figura de una empresa llamada Espalisticia, creada un año antes con un capital de 3.500 euros. La venta se cerró por un monto de entre 90 y 140 millones de euros. · Ipys Venezuela detectó que todos esos medios, que tenían líneas editoriales críticas al desempeño gubernamental, una vez comprados por grupos económicos cercanos al gobierno han seguido patrones informativos fieles a los desprendidos por los órganos de información del Estado, y han acatado órdenes de censura emitidas por funcionarios públicos. · Multas multimillonarias, decomisos de equipos, son algunas de las medidas de presión contra los medios. La decisión ejemplarizante de no renovar las licencias a 32 emisoras de radio y restringir el acceso al papel prensa en un contexto en que el Estado es el único importador de estos insumos con dólares preferenciales, son otras medidas de presión para promover un periodismo plano y complaciente. · Ipys Venezuela ha venido denunciando que, desde la crisis de papel que se suscitó durante 2013, 34 medios han reportado dificultades que han desencadenado en cierres temporales, cierres definitivos, migraciones a la WEB, reducción de paginación y de tiraje. 4.- Radio y televisión pierden su señal Luego de que en mayo de 2007 el Estado venezolano —mediante una decisión del Tribunal Supremo— decidiera no renovar la concesión de señal abierta a Radio Caracas Televisión, el canal privado más antiguo del país, con una línea editorial crítica al gobierno, siguió un paulatino cese de concesiones y amenazas hacia los medios radioléctricos. · El caso de RCTV se enmarca en un patrón de procedimientos administrativos e investigaciones abiertas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra medios de comunicación, que entre 2005 y 2014 han sumado 52, e incluyen medios privados y comunitarios. Varios de ellos derivaron en incautaciones de equipos, retiro de licencias para operar, y el cierre de espacios informativos y de opinión.· Las medidas se extendieron a portales web y proveedores de Internet y TV por suscripción, por supuestos delitos técnicos y de contenido. Entre enero y julio de 2015, IPYS Venezuela registró 8 procedimientos administrativos de Conatel contra medios y periodistas. · El caso de RCTV fue muy claro. El Estado, para justificar su decisión, lo tildó de ser “enemigo del gobierno”, “golpista”, “fascista” y de causarle “un gravísimo daño psicológico al pueblo venezolano”. · La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en septiembre de 2015 que en esta decisión hubo “desviación de poderes”, y ordenó al Estado venezolano “abrir un proceso para asignar una frecuencia de televisión abierta en el cual RCTV pueda participar, como mínimo, en igualdad de condiciones. El concurso deberá ser abierto, independiente y transparente, aplicar criterios claros, objetivos y razonables, y evitar cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación”. Sin embargo, las amenazas del Estado contra los medios radioeléctricos son cada vez más frecuentes. 5.- Órdenes de censura · En su estudio de percepción del año 2014 “La orden es el silencio. Estudio de censura y autocensura”, Ipys Venezuela encontró que las órdenes y presiones directas e indirectas se han hecho cada vez más frecuentes al punto de que se está afectando la independencia, la pluralidad, la calidad informativa y el derecho de los ciudadanos a saber. · Para este estudio se aplicó una encuesta entre 225 periodistas de 13 estados del país, quienes refirieron que se han vuelto naturales las acciones coercitivas de grupos de poderes estatales y no estatales. · Este estudio de IPYS Venezuela, además, constató que la criminalización y el desprestigio del oficio del periodismo, por el uso permanente de un discurso hostil por parte del Estado, desvaloriza la función del periodismo como oficio que garantiza la denuncia. · Los periodistas perciben que la mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por las instituciones del Estado. 34% de los encuestados perciben una actuación directa del Poder Ejecutivo en materia de censura. 17% señala como censores a representantes del Poder Judicial , 14% al Poder Legislativo, 7% al poder moral, y 6% al Poder Electoral. · Los consultados perciben también órdenes directas de censura por parte de grupos económicos privados (16%); de grupos políticos (8%); de grupos de delincuencia organizada (6%); de agrupaciones sociales independientes (3%); y de las organizaciones de la sociedad civil (1%). · Otro clásico de obstrucción al trabajo periodístico es el cierre de las fuentes de información. Ésta es una práctica constante en instituciones estatales, según lo indicó el 79% de los consultados. Esta misma situación persistió en instituciones privadas, de acuerdo a las indicaciones de 32% de los encuestados. · Al menos 29% de los entrevistados consideró que se ha autocensurado. · Ipys Venezuela encontró asimismo que las limitaciones de acceso a la información son uno de los principales problemas para el ejercicio del periodismo A 178 de los periodistas y trabajadores de medios encuestados se les ha impedido el acceso a la información pública por parte del Estado, situación que persiste en instituciones privadas según 32% de los entrevistados. 6.- El país en cadena · En su reporte “Venezuela un país en cadena”, IPYS Venezuela contabilizó desde el 1 de enero al 30 septiembre de 2014 un total de 8.460 minutos de programación dirigida por el Estado, lo que es igual a 141 horas de programación. · En Venezuela, según datos oficiales, 1.116 medios transmiten simultáneamente en señal abierta durante las cadenas obligatorias. Estas difusiones se hacen de manera obligatoria y discrecional, según lo establece el artículo 10 de la Ley Resorte, disposiciones contrarias a la libertad de expresión. · Los 1.116 medios radioeléctricos están distribuidos entre: o 112 televisoras o 63 comerciales o 12 estatales o 37 comunitarias o 1.004 estaciones de radio o 244 comunitarias o 82 FM estatales o 469 FM comerciales o 184 AM comerciales o 25 AM estatales · Gran parte de los medios estatales está agrupada en el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación (SIBCI), que hasta 2014 se definía como un “ejército comunicacional de toda la revolución bolivariana”. 7.- Se cambia silencio por publicidad oficial · El Estado también se vale de la asignación de la publicidad para discriminar a la prensa privada con tendencia crítica, fomentar la dependencia y forzar al ejercicio de un periodismo cada vez menos incómodo para el poder. · Estudios realizados por IPYS Venezuela en su reporte “Se cambia silencio por publicidad oficial”, demuestran que el gobierno venezolano ha incrementado de manera sostenida y exponencial el gasto destinado a publicidad y la propaganda oficiales. En 2015 la inversión pública en esta área acumula Bs. 612.867.446,00 ($ 97 millones), cuatro veces más de la partida que se ejecutó en 2012, año que coincidió con la última campaña presidencial de Hugo Chávez. · En una jornada simultánea realizada el 1 de febrero de 2015 en 11 estados del país, IPYS Venezuela midió la distribución de la publicidad en 38 periódicos y determinó que en un solo día al menos 90% de los 76 anuncios estatales se concentró en 2 medios oficiales y en otros 11 con tendencia pro-oficialista. · En esta medición, la publicidad oficial estuvo ausente en 16 diarios que han sido acusados por las autoridades gubernamentales nacionales y regionales como responsables de una «guerra mediática» en contra del gobierno, medios que además han denunciado severas restricciones para el suministro del papel prensa. · El más favorecido fue Últimas Noticias, uno de los medios que cambiaron de propietarios recientemente, con 13 pautas oficiales. Lo sucedieron dos rotativos pro-oficialistas: el Diario Vea, con 11 anuncios; y El Universal, con 8 pautas publicitarias de instituciones estatales. · Ese mismo día Últimas Noticias, Diario Vea, y El Universal abrieron con titulares que privilegiaron declaraciones oficiales, con versiones de los hechos que solamente se mostraron desde una perspectiva estatal: la refutación de Diosdado Cabello a las denuncias que, presuntamente, lo relacionaban con casos de corrupción. · «Cabello denuncia intento por minar moral de la FANB» (El Universal); «A la derecha le duele la unidad cívico-militar» (Últimas Noticias); «Ofender a uno es atacar a la FANB» (Diario Vea). 8.- Los Mazazos contra la disidencia · Un estudio realizado por Ipys Venezuela develó que, fundamentado en reportes de llamados “patriotas cooperantes”, Diosdado Cabello entre enero y agosto de 2015 emprendió amenazas y ataques contra 578 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares. · Desde su tribuna Con el mazo dando, programa transmitido por la estatal Venezolana de Televisión, Cabello enfiló acusaciones arbitrarias contra periodistas, medios de comunicación, ONG y activistas de DDHH. En este programa, Cabello está usurpando funciones propias de las instituciones de justicia. 9.- El Tuitómetro del gobierno en Venezuela · El espacio 2.0 no se escapa del proselitismo estatal. El discurso agraviante de parte de funcionarios públicos en las redes sociales y portales oficiales de instituciones públicas al servicio del PSUV, es uno de los hallazgos de Ipys Venezuela en su doble investigación El tuitómetro del gobierno en Venezuela y Un ejército 2.0. · Se contabilizaron 691 tuits agraviantes que emitieron 26 funcionarios gubernamentales de los poderes nacionales, regionales y locales durante un año y medio —entre enero de 2013 y mayo de 2015. · Han sido recurrentes los mensajes de intimidación que buscan inhibir la deliberación democrática. Desde sus perfiles en Twitter los funcionarios gubernamentales han insistido en amenazar con acciones administrativas y penales contra medios de comunicación y periodistas. · Cada semana, en promedio, hubo 5 mensajes de descrédito u ofensa por parte de funcionarios gubernamentales en Twitter. · Por la mayor cantidad de mensajes agraviantes emitidos, el Tuitómetro del Gobierno en Venezuela lo encabezan, justamente, dos de los funcionarios que han ocupado los puestos más importantes en la gerencia de las políticas gubernamentales de comunicación: William Castillo, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con 64% del total de mensajes agraviantes. · Delcy Rodríguez, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de Comunicación e Información de Venezuela, ocupa el segundo lugar de este termómetro, con 8,4% del total de mensajes analizados. En ese mismo lapso, fue responsable de 10 casos de violaciones a la libertad de expresión, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela. · Por otro lado, las instituciones públicas venezolanas tuitean en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y lo impulsan para ganar la supuesta batalla que se libra en Twitter. Decenas de cuentas de organismos oficiales, ministerios, dependencias, empresas y medios estatales tuitean de manera articulada, sistemática para posicionar etiquetas favorables a la gestión de Gobierno, al primer mandatario y al PSUV. #PrimariasDelPueblo #ConMaduroMeResteo #SubeElPSUV #JuventudPaLaAsamblea #ChavezSeguimosTuLegado · IPYS Venezuela monitoreó una muestra de cinco hashtags o etiquetas, promovidas por el oficialismo en Twitter durante mayo de 2015 a través de al menos 65 cuentas públicas, que publicaron miles de tuits para posicionarla en las tendencias. · Otras etiquetas que se encontraron durante el mes de mayo en cuentas públicas fueron: #FelipeFueraDeAqui #ApoyamosAMaduro #CorazónDeLaPatria #VictoriaEnPanamá #ObamaDerogaElDecretoYa #VamosXLos10Millones #VivaMiPatriaQuerida #VenezuelaEsEsperanza #ApoyoContundenteADiosdado · Periódicos, canales de televisión, estaciones de radio, empresas (líneas aéreas, cadenas de supermercados estatales, distribuidoras de alimentos, transporte público, plantas de cemento), instituciones, embajadas de Venezuela en el exterior, servicios públicos (aeropuertos), Ministerios y dependencias gubernamentales. · Al final, el Estado propició un cambio forzado en el ecosistema informativo en el país hacia la 2.0, en el que se vio en la necesidad de incursionar, pero lo hizo con las mismas prácticas de presión y con el mismo discurso agraviante que ha sostenido contra medios y periodistas en los medios convencionales. 10.- Limitaciones directas de libertad de prensa en procesos electorales · Ipys Venezuela ha contabilizado, desde 2012 hasta octubre de 2015, 1.126 limitaciones a la libertad de expresión. Estas restricciones se enmarcan en prohibiciones de acceso a las fuentes, discursos agraviantes con fines de intimidación, amenazas y ataques contra las herramientas de trabajo y uso abusivo de las fuerzas de orden público, incluyendo militares. · Estas incidencias han ido ascendiendo desde 2012 a 2015, especialmente durante el gobierno de Nicolás Maduro, distribuidas de la siguiente manera: 2012. : 200 2013. : 284 2014. : 341 2015. : 322 (enero a octubre) · Este mismo patrón se observa en periodos electorales. Durante las elecciones primarias de la MUD, elecciones presidenciales (Capriles – Chávez) y regionales de 2012, hubo 19 casos de ataques a la labor periodística. · En las elecciones presidenciales de 2013 (Capriles – Maduro) se registraron 57 casos desde el inicio de la campaña electoral hasta los días posteriores del las elecciones que estuvieron marcados por agresiones y obstáculos contra la labor de los periodistas y los medios de comunicación. · Y en junio de 2015, durante las elecciones primarias con miras a las parlamentarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Ipys Venezuela registró 10 casos.
