Caracas.- En un año 35% de las muertes violentas de la Gran Caracas han tenido un victimario: la Fuerza de Acciones Especiales (Faes). De los 1.116 homicidios registrados en la Gran Caracas, entre junio de 2018 y junio de 2019, al menos 391 han sido responsabilidad de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB, de acuerdo con los datos recopilados por Monitor de Víctimas. A pesar de estos números, el gobernante Nicolás Maduro les dio su bendición este miércoles 17 de julio con un: ¡Que viva la Faes!
Se desconoce si este apoyo viene dado por la letalidad del organismo, denunciado por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, o como un símbolo de retaliación a la recomendación de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en su informe escrito sobre Venezuela pidió la eliminación de este cuerpo policial, por considerarlo «una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad», como expresa el párrafo 32 del documento.
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Durante la graduación de 2.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, el gobernante de Venezuela expresó: “Todo el apoyo para la Faes en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela. ¡Que viva la Faes!”. A su grito de aliento se unieron los aplausos de los policías que escuchaban su discurso.
La Masacre de Kennedy, donde tres estudiantes de la Universidad Santa María fueron asesinados y tres más resultaron heridos por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar, en noviembre de 2005, y el secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul, en febrero de 2006, se convirtieron en un punto de honor para iniciar la reforma de las policías en Venezuela, de acuerdo con lo que asegura el especialista en el área de seguridad Luis Izquiel.
Un informe realizado por Provea explica que el nuevo modelo policial prometía ser respetuoso de los derechos humanos. El primer paso fue el debate entre distintos sectores de la sociedad; segundo, se decidió el 20 de diciembre de 2009 la creación de la Policía Nacional Bolivariana, un organismo que, según el entonces presidente Hugo Chávez y los miembros de seguridad de su gobierno, sería una policía distinta, libre de torturas y ejecuciones; y tercero, disolvió la Policía Metropolitana de Caracas (PM), el 5 de abril de 2011, por el prontuario que tenía en materia de abusos contra la población.
Seis años después empezaron los señalamientos de abusos. En julio de 2015, el gobernante Nicolás Maduro anuncia la llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), considerada por el investigador Marino Alvarado «un atropello contra los más pobres en los barrios en un propósito. La muerte era el símbolo del triunfo. Lejos quedó la filosofía de la reforma policial, que reivindicaba el respeto a la vida como Misión». Los grupos comando eran integrados por la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Una investigación realizada por Runrunes la bautizó con el nombre de «máscara de terror», pues llegaron a la conclusión que la OLP intervino en al menos 44 masacres y en el asesinato de 560 personas a escala nacional.
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Dos años después nace la Faes. Específicamente el 14 de julio de 2017, el gobernante Maduro les dio la bienvenida y les dijo sus integrantes que habían sido seleccionados “para combatir el crimen y el terrorismo”. Desde ese día, las denuncias de abusos cometidos por este grupo policial no han parado; tanto así que periodistas que cubren la fuente de violencia y organizaciones no gubernamentales han construido un patrón de su accionar.
Jesús Parejo, coordinador de Monitor de Víctimas en Caracas Mi Convive, detalla que “las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil más reportado en 2018. Las ejecuciones y los casos de resistencia a la autoridad comprendieron 44% de los homicidios». El organismo que encabeza estas denuncias es la Policía Nacional Bolivariana, pues, a través de su Fuerza de Acciones Especiales registra la cifra más alta de letalidad policial. Le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y luego la Guardia Nacional Bolivariana.
Sobre el patrón de la Faes, en la morgue de Bello Monte se ha logrado identificar el guión usado por los uniformados. Familiares de víctimas cada día denuncian que las operaciones policiales se realizan sin órdenes de allanamiento, ni presencia de fiscales que garanticen los derechos de los ciudadanos.
Los operativos se realizan en la madrugada. Los funcionarios derriban las puertas de las casas, ingresan, intimidan con armas a mujeres, niños y ancianos. Identifican a quién o quiénes buscan y los separan del grupo si no están solos. Punto seguido, sacan del inmueble a los demás familiares y matan al detenido. Después lanzan varios tiros en las paredes y techo de la vivienda, con el fin de simular un enfrentamiento. Trasladan a las víctimas al hospital más cercano, se quedan varias horas en la escena del crimen y, en muchos casos, alteran la escena. Familiares denuncian que los funcionarios, además de matar, también, en muchos casos, roban las pertenencias de valor.
Este guión violento es descrito por Leonard Gómez, exfuncionario de la Policía Metropolitana y de la PNB, como un incremento de los niveles de criminalidad en los próximos años. De acuerdo con el policía retirado, los policías que vienen de atrás —graduados hace 15 o 10 años— «no conciben otra forma de reducir el delito que la represión y eso es lo que han enseñado a las nuevas generaciones. Pero esto no es así, porque matar al delincuente no es igual a acabar el problema. La violencia solo hace que con los años se multipliquen los delincuentes”.
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