Caracas.– Las bombas lacrimógenas son armas químicas que si son usadas de forma correcta, sus efectos nocivos son transitorios y no dejan secuelas,pues el afectado no pasa de presentar irritación de ojos, nariz, boca o piel, y este padecimiento «puede ser mínimo con una evacuación rápida del sitio de exposición».
La investigadora en el área Química y profesora de la Universidad Simón Bolívar Mónica Krauter explica que la mayoría de las bombas lacrimógenas que han sido usadas en Venezuela están compuesta por clorobenzilideno malononitrilo, también conocido como CS en honor a los científicos estadounidenses que lo descubrieron, Ben Corson y Roger Stoughton.
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Sin embargo, algunas personas que asistieron a las protestas que se dieron el 30 de abril y el 1 y 2 de mayo, y cuyos relatos han llegado a la investigadora, han asegurado tener nuevos síntomas: mayor picazón y sensación de ahogo inmediato debido a las bombas que fueron arrojadas por los cuerpos de seguridad. Explica la especialista que la explicación pudiera estar en que los organismos policiales y militares hicieron uso del gas CN, que además de provocar quemaduras en la piel, genera la sensación de ahogo y dificulta la respiración de forma instantánea.
Los gases lacrimógenos son un tipo de arma química. Su uso está prohibido desde 1993 por la Convención de Ginebra en el ámbito doméstico, pero son usados por los organismos de seguridad para controlar a la población civil durante protestas y disturbios porque generan el abandono de calles de forma inmediata.
En la Gaceta Oficial 5.453 publicada en el año 1999 se especifica que Venezuela, por formar parte de la Convención sobre Armas Químicas de las Naciones Unidas, prohíbe el uso de bombas lacrimógenas para disolver manifestaciones pacíficas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68 explica textualmente que «los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
En el mismo tono, el artículo 21 de las normas sobre la Actuación de los Cuerpos de Policía en sus Diversos Ámbitos Político Territoriales para Garantizar el Orden Público, especifica que “se extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, liceos y colegios, así como en espacios confinados o sitios cerrados y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando su consecuencias letales o lesivas». Esta es una norma que, de acuerdo con especialistas ha sido incumplida en Venezuela.
Sobre esta realidad, la defensora de derechos humanos Lexys Rendón explica que las bombas lacrimógenas se definen como armas químicas no letales, pero si su uso es desproporcionado podrían convertirse en todo lo contrario. Para ella, su empleo debe ser excepcional y ajustado al peligro que se quiere prevenir. «En Venezuela esto ha sido todo lo contrario, pues se ha observado la agresión directa a los ciudadanos, la amenaza de su integridad física y la generación de graves lesiones», afirma.
Rendón enfatiza que casi todas las normativas internacionales que regulan el uso de gases lacrimógenos se han visto incumplidas en el país. Entre ellas se encuentra la habilitación de un punto de salud donde haya un personal médico que pueda atender a las personas afectadas por su inhalación, ser lanzadas a un ángulo mayor que los 45° y no ser disparadas de forma directa.
La investigadora Mónica Krauter realizó su tesis doctoral sobre los gases lacrimógenos y por ello conoce ampliamente el tema. Explica que en las protestas de 2014 y 2017, y posiblemente en las del 30 de abril y 1 de mayo, un 72 % de las bombas lacrimógenas empleadas por los cuerpos de seguridad fueron las del tipo 1, fabricadas en Brasil, marca Condor. En segundo lugar, con un 21 %, se encuentran las tipo 2, fabricadas en Venezuela, marca Cavim; en tercer puesto y con un 5 % están las de procedencia desconocida, catalogadas de tipo 4; y por último, con un 2 %, se encuentran las granadas de mano correspondientes al tipo 8. Estas son fabricadas en Estados Unidos por Federal Laboratories; en Brasil, por Condor, y en Venezuela, por Cavim.
Krauter señala que a través del estudio que realizó logró evidenciar que un gran porcentaje de estas armas estaban vencidas en el momento en que fueron lanzadas a la población civil. Esto se evidencia por una etiqueta que pegan los fabricantes en cada uno de los cartuchos y que asegura: “Es peligrosa su utilización después de la fecha de validez”, lo que se debe a la descomposición química de compuestos más tóxicos y letales, como el cianuro y fosgeno, considerados letales por la Organización para el Control de Armas Químicas.
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