El Tocuyo.- La Red de Derechos Humanos del estado Lara advirtió que los habitantes del caserío El Bosque de El Tocuyo han sido amenazados por no desistir en las denuncias contra las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), responsables el asesinato de tres jóvenes —Cristian Ramos, José Alfredo y Anderson Torres Cortez— el 25 de enero.
El sociólogo Nelson Fréitez, vocero de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, declaró a El Pitazo que luego de la incursión de las Faes en El Bosque, la comunidad es asediada permanentemente por funcionarios de seguridad del Estado. “Han estado sometidos a procesos de vigilancia, acoso y hostigamiento, además de que se han hecho operativos de distribución de gas y bolsas Clap bajo control partidista y de una manera sesgada”, sostuvo.
Estas ejecuciones extrajudiciales, registradas durante las protestas antigubernamentales de 2019 fueron documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y están incluidas en el informe Bachelet, que sugiere la disolución de las Faes.
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Desde hace ocho meses y medio, familiares, vecinos y testigos del triple asesinato de las Faes han solicitado a la Fiscalía 21 una investigación. Según la minuta policial, las muertes ocurrieron durante un enfrentamiento, pero la versión de la comunidad indica que funcionarios encapuchados impusieron un toque de queda en el caserío y sometieron a los jóvenes por vincularlos con las manifestaciones de los días anteriores.
Sin medidas de protección
Los familiares y vecinos también han pedido medidas de protección al Ministerio Público, pero siguen sin obtener respuestas.
“No hay garantías de seguridad para quienes han ejercido su derecho a denunciar el ajusticiamiento de los jóvenes. Ahora se habla de que hay una lista de supuestos “guarimberos” en manos de las Faes y el Cicpc donde están allegados de los jóvenes ajusticiados. La información que manejan es que desde la Alcaldía de Morán y la Gobernación de Lara se coordina la labor de los organismos de seguridad para mantenerlos intimidados. La comunidad es pacífica y no ha cometido ningún delito; no merecen vivir así”, agregó.
El 12 de octubre la comunidad fue alertada de las intenciones de otra incursión policial en El Bosque; los vecinos temen que se repita otra masacre. Las amenazas surgen luego de que los familiares de Cristian Ramos consignaran en la Fiscalía 27 nuevas pruebas que desmontan que se trató de un enfrentamiento.
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Alcaldesa es señalada
Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional, declaró que la alcaldesa de El Tocuyo y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Gisela Rodríguez, es quien ha ordenado las acciones de intimidación contra los vecinos del caserío. Su nombre también figura en las denuncias consignadas en el Ministerio Público, porque la comisión de las Faes que realizó el operativo en El Bosque habría salido desde la residencia oficial.
El parlamentario afirmó que la alcaldesa es una de las autoras intelectuales de la incursión y “ha buscado comprar el silencio de la comunidad en base a dádivas”. Rodríguez contrató a la madre de los hermanos Torres Cortez en la Alcaldía de El Tocuyo a cambio de su silencio, reiteró Palacios.
