El Registro Nacional de Personas con discapacidad no se ha completado, pese a que la ley que lo ordena fue promulgada hace 12 años | Foto: Cortesía
Caracas.- Un bono a través del llamado Carnet de la patria, la dotación adicional de una caja con alimentos que no obedecen a una dieta adecuada, un carnet amarillo y su nombre en una lista de espera para recibir medicamentos subsidiados. Esos son los más recientes beneficios a los que pueden optar las personas con algún tipo de discapacidad en Venezuela.
Ni la reforma a la Ley para personas con discapacidad, publicada en Gaceta Oficial el 5 de enero de 2007, garantizó la implementación de medidas mínimas de accesibilidad y movilidad, o mejoras en la asistencia social especializada, que son revisadas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Para el casi un millón y medio de discapacitados que viven en el país, según el registro de la Mesa Técnica de Estadísticas de Discapacidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) en marzo 2014, la invisibilidad continúa siendo la norma en calles, sistemas de transporte público y en el ámbito laboral, según denunció Luis Oswaldo Torres, presidente del Observatorio Venezolano para la Discapacidad.
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«Hay un sostenido deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad en Venezuela. No hay garantías de movilidad en el transporte público superficial, ni en el Metro de Caracas. No hay rampas suficientes, ni sistemas de aceras en pueblos y ciudades», enumeró.
Torres añadió que las dificultades de acceso se evidencian también en la falta de sistemas adecuados para accesibilidad en centros comerciales, oficinas públicas y instituciones de educación.
«Sin movilidad y accesibilidad no hay inclusión social. Los derechos y disposiciones se deben materializar en la vida diaria de los afectados para que exista una verdadera inclusión. Continuamos invisibilizados», alegó.
A juicio de Torres, el hecho de que no se tengan cifras actualizadas de este segmento de la población, es una forma de exclusión que revela una política sistemática. Esta omisión, insistió, impide una correcta y continua planificación, ejecución, seguimiento y fiscalización de las políticas públicas en esa materia, como lo estipula el artículo 68 de la citada ley.
«En 2007 se agregó, como un asunto novedoso en la reforma, la creación de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Esto nunca se cumplió y actualmente el gobierno maneja los datos sobre personas con discapacidad en varias formas e instancias distintas, con intereses distintos a la atención. Lo que hay es una gran desarticulación», cuestionó.
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El activista recordó que en Venezuela 13 organismos tienen competencias en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, pero ninguno rinde cuentas desde el año 2014.
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el INE en 2011, las personas con discapacidad representan 5,38% del total de la población, es decir, 1.454.845 venezolanos. No obstante, en el registro del Carnet de la patria apenas 700.000 personas con discapacidad reciben beneficios, mediante la asignación de bonos directos en bolívares.
El pasado 27 de noviembre el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró en su programa de radio, transmitido por el circuito Radio Nacional de Venezuela, que este año se evaluaron 242.446 personas de las cuales 232.058 fueron clasificadas y calificadas como personas con discapacidad, para una posible inclusión en la modalidad de asignación de pensiones. Sin embargo, no precisó lapsos para la incorporación ni criterios para la transferencia de los montos.
En octubre el vicepresidente sectorial del área social, Arístobulo Isturiz, anunció que el censo había atendido y calificado a poco más de 119.000 personas con discapacidad, con lo que, dijo, se cumplió la meta hasta ese mes del Plan de Evaluación de Personas con discapacidad.
La desinformación oficial no se limita a las cifras. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), organismo del gobierno, creado como rector de los planes, políticas y estrategias dirigidas a promover la inclusión e integración de las personas con discapacidad en la sociedad tampoco ofrece información sobre el avance de sus programas.
En 2014 la institución gubernamental reconoció que solo había podido atender a 45.000 personas con discapacidad en todo el país, con la renovación y adjudicación de carnets para acceder a medicinas que llegan irregularmente a las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Del resto se desconoce cómo se implementa la atención a los discapacitados y su entorno.
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