Caracas.- Con esperanza e ilusión recibirán activistas de asociaciones civiles que defienden el derecho a la salud, la visita que el martes 4 de febrero intentará emprender en Venezuela una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
«Es una oportunidad para visibilizar ante una instancia internacional el nivel de la emergencia humanitaria que padecen miles venezolanos. Es una esperanza que se abre para quienes pedimos la restitución de nuestros derechos», manifestó Reymer Villamizar, director de la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela.
La misión tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, al mediodía. El procedimiento se completaría en atención a una invitación hecha por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de la República, Juan Guaidó.
La solicitud fue presentada el pasado 1 de julio, por el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño. El 10 de julio la Cidh aprobó la petición.
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Énfasis en la infancia
En la agenda, que se desarrolló luego de admitida la solicitud en julio de 2019, se añadieron otros temas. Esto serviría para conocer las condiciones de derecho a acceso a derechos, sobre todo el de la salud de niños, niñas y adolescentes.
«En la agenda se tiene prevista una visita al hospital J. M. de los Ríos y a la Maternidad Concepción Palacios. Se va a escuchar a las madres, los representantes y se va a verificar las condiciones en que son atendidos los niños. Esto es bueno porque se documenta y allana el camino para la justicia. Que esto nunca se repita«, aseveró Katherine Martínez, directora de la asociación civil Prepara.
La misión estará encabezada por la presidenta de la Cidh, Esmeralda Arosemena de Troitiño, una de las integrantes del organismo interamericano con mayor trayectoria en la defensa de los derechos de la infancia.
Martínez, con más de 10 años de labor social y de acompañamiento en el J. M. de los Ríos, puso de relieve la importancia de que este procedimiento sea dirigido por Arosemena. La abogada recordó que la Cidh ha dictado tres medidas de protección en favor de pacientes de 14 servicios del pediátrico y la Maternidad Concepción Palacios.
«En esta visita se va a contar con una mirada especializada en el tema. Es gente que se ha documentado para atender las solicitudes que se han hecho en los últimos tres años. Son técnicos sensibilizados con la violación de los derechos de los niños«, añadió.
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Visita histórica
El trámite para lograr la visita se inició cuando Tarre Briceño pidió al Consejo Permanente de la OEA abrir una investigación, en el lugar de los hechos, sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
Según el acta de defunción, el capitán falleció a causa de rabdomiolisis y politraumatismo el 29 de junio de 2019, cuando cumplía una semana detenido, bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Este hecho contribuyó a que en la Cidh instalara, a finales de octubre de 2019, el denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, (Meseve). Desde entonces esa instancia gestiona una respuesta oportuna y efectiva al sostenido deterioro de los derechos humanos en el territorio venezolano.
Esta visita es la primera que se realiza en más de 17 años. La anterior visita se desarrolló entre el 6 y 10 de mayo de 2002, a petición del entonces presidente Hugo Chávez. Por lo que de para Feliciano Reyna, director de la asociación civil Acción Solidaria, además de facilitar canales denuncia para las víctimas, tiene un carácter histórico.
«La visita se debe desarrollar sin inconvenientes, con las garantías de seguridad mínimas para la delegación y sin restricciones. Así se cumplirían sus fines. Esto se trata de las víctimas. Eso es histórico en casi 20 años de denuncia«, argumentó.
Para el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) de no permitirse el ingreso, como la semana pasada advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, la Cidh crearía otros mecanismos para la recepción y verificación de las denuncias. Sin embargo, la prohibición de entrada al país representaría en sí misma una evidencia del estado de violación de los derechos humanos en Venezuela.
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