Caracas.- La nueva actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela puso de relieve la profundización de la crisis en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que el deterioro en la prestación de servicio antecede a las sanciones de gobiernos como el de Estados Unidos.
«Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos. Sin embargo, a ellas se suma la situación crítica del Hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas. Al final de 2019, solo el 21% de las camas se encontraban operativas», expresó.
Bachelet, egresada como médico pediatra de la Universidad de Chile en 1983, reiteró la urgencia de corregir las fallas. Pues, alegó, impiden el correcto funcionamiento de las instalaciones y de los programas de atención. Enfatizó en la suspensión del programa de trasplante, que mantiene en lista de espera a 38 niños y niñas.
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«Sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante. Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina. Y algunos han lamentablemente fallecido esperando el trasplante», expuso.
En su breve alocución, efectuada en la sede la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, se unió a la denuncia del Programa Mundial de Alimentos sobre el inseguridad alimentaria qué afecta a 9,7 millones de venezolanos.
Sanciones
La funcionaria de la agencia internacional volvió a referirse al impacto de las sanciones financieras. Las disposiciones impuestas por gobiernos extranjeros contra formas de ingreso y acceso a financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro, que más de 50 países consideran ilegítimo. Matizó que, pese al aumento de los planes de respuesta humanitaria en el país, persiste la desasistencia a los más vulnerables.
«A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto, o sea de overcomplience, del sector financiero», declaró.
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El término financiero se traduce como «aplicación excesiva de las reglas». Con eso hizo una alusión directa a la forma en cómo se diseñaron las sanciones y cómo se cumplen. Esta dinámica impide el normal desenvolvimiento financiero del gobierno y es la justificación de los funcionarios de Maduro para el incumplimiento de programas de salud.
No obstante, muchos reportan fallas desde 2012, es decir, tres años antes de la implementación de las primeras sanciones. El J. M. de los Ríos es el centro de salud pediátrica de referencia nacional más antiguo y con más especialidades del país. Desde 2017 ha sido objeto de dos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
La Cidh solicitó al Estado venezolano garantizar el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad para niños que acuden a 14 servicios del pediátrico. Sin embargo, desde enero cuatro áreas han cerrado, por déficit de personal equipos e insumos, sin fecha de reapertura.
