Caracas.- Desde enero, la emergencia humanitaria compleja que se desarrolla en Venezuela empezó a tener una respuesta internacional organizada. Ante la crisis ocasionada por la extendida escasez de medicinas y las dificultades en el acceso de la población a una alimentación adecuada han entrado al país más de 155 toneladas de insumos médicos y alimenticios gestionados por la Cruz Roja venezolana y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El 8 de diciembre, la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA) incluyó a Venezuela, por primera vez desde su fundación, en el presupuesto para el plan anual. Ese fue el primer paso concreto de respuesta a las crisis sanitaria, nutricional y asistencial que según datos de la ONU afecta directamente a 25% de los venezolanos, pero que había sido negada por las autoridades. Pese al avance que representó que el Gobierno reconociera las dimensiones de la crisis, con la firma de un acuerdo para el ingreso de la asistencia humanitaria, suscrito entre Nicolás Maduro y el Comité Internacional de la Cruz Roja, ambos mecanismos de respuesta aún tienen limitaciones.
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“La emergencia, por sus proporciones, no se resuelve si no se aplica una respuesta oportuna, sistematizada, que incluya todos los aspectos. Aquí enfrentamos escasez de alimentos y medicinas, aumento del índice delictivo y debilidad institucional, además de un éxodo. Es un paso importante que el Gobierno la haya reconocido después de años negándola, pero ese gesto sin acción no resuelve el problema”, indicó Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria.
La escasa atención que se les ha dado a los residentes de comunidades indígenas y la exclusión de los pacientes crónicos, que abarca a personas diagnosticadas con cáncer, insuficiencia renal, VIH y otras patologías que por sus características requieren un tratamiento y seguimiento médico de por vida, no ha permitido atenuar las consecuencias de la emergencia, denunciada desde mediados de 2004, por ONG como Convite, Fundación Bengoa, Cáritas Venezuela y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida).
En los siete meses transcurridos desde la entrada del primer lote de suministros, traídos por la OCHA, dos de los grupos de riesgo más afectados por la crisis no han sido priorizados para la atención. No obstante, para Reyna, el constante flujo de cargamentos con auxilio internacional ha confirmado las proporciones del nivel de desasistencia que padecen los venezolanos por el colapso del sistema de salud pública.
“Desde un inicio, el manejo de la asistencia no ha cumplido los parámetros establecidos en el protocolo de respuesta a la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela desde 2014. No se han respetado los principios que garantizan que la respuesta llegue a los más necesitados; niños y ancianos en estado de desnutrición, personas con padecimientos crónicos y habitantes de zonas indígenas”, afirmó
Reyna refirió que el concepto de ayuda humanitaria, en el contexto de emergencia que se desarrolla en Venezuela, está incluido en el Derecho Internacional, que en paralelo ha definido desde su concepción los parámetros para brindar una respuesta eficaz en tiempo, frecuencia y cantidad de la ayuda.
La crisis venezolana escaló desde mediados de 2012, cuando se agudizó el desabastecimiento de medicinas debido a las trabas en la entrega de divisas, recordó Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), y el sostenido colapso del sistema de hospitales y ambulatorios dependientes del Ministerio de Salud, por falta de dotación y mantenimiento. Ante esto, Reyna recalcó el papel del Estado en el origen de la crisis y su prolongación, con el costo de vidas, éxodo y daños a la salud aún no cuantificados del todo.
“La ayuda humanitaria es requerida en los países que padecen los efectos de una emergencia humanitaria compleja. En Venezuela la emergencia no derivó de una catástrofe natural o un conflicto armado, sino de decisiones políticas, por eso entra en la definición de emergencia política compleja. Aquí ha muerto gente por falta de medicinas, otros se han visto forzados a emigrar y los que no tienen su salud en riesgo porque no pueden acceder a un tratamiento adecuado», explicó respecto del concepto acuñado por la ONU a finales de la década de 1980 a raíz de las crisis de Mozambique y Sudán.
El activista reiteró los factores que caracterizan una emergencia humanitaria compleja, mismos que, a su juicio, han sido denunciados e identificados en Venezuela con suficiente evidencia.
«La emergencia compleja no se define por criterios interesados o parcializados, sino por la multiplicidad de sus causas, que incluye factores políticos, económicos y socioculturales, porque afecta gravemente todos los órdenes de la vida y requiere de una respuesta internacional. Todo eso está evidenciado en Venezuela y la respuesta debe estar acorde con esta necesidad”, sostuvo.
En el caso de la ayuda canalizada por la Cruz Roja venezolana, la meta de atención para el primer año apenas fue proyectada para 650.000 personas y solo está focalizada en las áreas de atención de la organización, que ha implementado el método de jornadas de salud para entregar los insumos.
De momento, la ayuda gestionada no ha incluido fármacos para enfermedades crónicas. Pastillas potabilizadoras de agua, kits médico- quirúrgicos, plantas eléctricas, mosquiteros antimaláricos y medicamentos esenciales han sido distribuidos desde su recepción el 16 de abril en 24 centros de salud, pertenecientes a la red hospitalaria y ambulatoria, además de dos centros de malaria, localizados en 16 estados del país, detalló Luis Farías, director de comunicaciones de la Cruz Roja Venezolana.
En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentado el 4 de julio, se hicieron varias consideraciones sobre lo que debería ser la implementación de la ayuda humanitaria, en especial en los casos de los estratos más vulnerables de la población.
“La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación, y su derecho a la salud”, reseñó el documento en el apartado “A” sobre grupos en situación de riesgo.
En el renglón de recomendaciones, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al gobierno a publicar “regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis”.
El organismo puntualizó que, aunque “el Gobierno aceptó autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores”, el nivel de asistencia que se había otorgado “es mínimo en relación a la magnitud de la crisis” y añadió que para superar la emergencia se deben adoptar “reformas económicas estructurales”.
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