Caracas.- Durante una cadena de radio y televisión, el gobernante Nicolás Maduro anunció que la próxima semana llegarán las primeras 100.000 vacunas Sputnik V a Venezuela. Detalló que los primeros en recibir las vacunas rusas serán los médicos, el personal sanitario, los sectores vulnerables y luego los maestros.
En una alocución dada el 29 de diciembre de 2020, Maduro aseguró que había acordado con el Gobierno de Rusia la adquisición de 10 millones de vacunas Sputnik V, con el objetivo de comenzar la primera fase de inmunización masiva contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021.
Por otra parte, un grupo de familiares de nueve personas detenidas en abril de 2020, señaladas de estar presuntamente involucradas en un plan para detener al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, y cobrar la recompensa ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos, acudió este martes, 9 de febrero, a la Asamblea Nacional (AN) para denunciar violaciones al debido proceso tras la detención de las nueve personas por parte de una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
Asimismo, denunciaron que el estado de salud de sus parientes está comprometido y que requieren atención médica.
En cuanto al proceso penal que se les sigue, José Manuel Belfort, hermano de César Belfort, uno de los detenidos, advirtió a El Pitazo que a la fecha, tras la detención de su hermano el pasado 16 de abril, las autoridades no han fijado la audiencia preliminar de presentación.
En el estado Monagas, el aumento del precio en dólares del gas doméstico a granel generó malestar entre los usuarios de 80 conjuntos residenciales en Maturín. El incremento solo fue anunciado a través del grupo de WhatsApp de la empresa Gasmaca el pasado 18 de enero y desde entonces se han emitido facturas por hasta 204 millones de bolívares, denunció un grupo de residentes a El Pitazo.
Los usuarios insisten en que las tarifas son impagables, especialmente para aquellas personas que están jubiladas, pensionadas o dependen de un salario básico. “Para pagar el servicio nos dividimos la cuenta y eso hace un costo de dos a cinco dólares por familia”, expresó Vilma Rodríguez, habitante de un edificio en Juanico, al este de Maturín.
En otras noticias, comunidades indígenas del municipio Sucre del estado Bolívar reportaron el pasado 2 de febrero presencia militar en la zona del río Caura; sin embargo, hasta este 9 de febrero no se han tenido más detalles sobre la presencia de los castrenses en el lugar.
Durante la última semana, la población indígena de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, denunció en El Pitazo la presencia del grupo armado El Dorado y mineros en la zona con el fin de desalojarlos y desarrollar la minería. Los pemones temen que ocurra una nueva masacre en el lugar y exigen que las autoridades venezolanas eviten esta invasión.
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