Caracas.- El pasado lunes 13 de diciembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, presentó ante la Asamblea de Estados parte de esa instancia, su informe en el que concluyó que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, y Sara Fernández, abogada del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), coinciden en que el informe constituye «un avance» para la entrada en la fase 3 del examen preliminar. Aún faltan dos fases en las que resaltan el compromiso de Fatou Bensouda en culminar en la primera mitad del 2021.
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En Cojedes, comerciantes de San Carlos, denuncian los altos precios de los recibos que les llegan por consumo de electricidad por parte de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que se incrementaron en 2.500 %. Expresaron que de mantenerse la situación gran cantidad de establecimientos tendrán que bajar la santamaría.
Los comerciantes señalaron que tomarán acciones ante este problema que pone en riesgo su patrimonio y estabilidad laboral.
Por otra parte, las operaciones de exportación de chatarra no paran desde el muelle de la Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado (Ucocar), en la Base Naval Agustín Armario de Puerto Cabello, donde toneladas del material son embarcadas a diario.
Fuentes del mundo naviero, bajo la condición de mantener sus nombres en reserva por temor a represalias, informaron a El Pitazo que se trata de un negocio redondo para quienes controlan la actividad desde el alto gobierno.
En otras noticias, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm) señaló este martes 15 de diciembre que necesita 641 millones de dólares en 2021 para atender a los migrantes venezolanos en Colombia, así como a los ciudadanos retornados.
El organismo, del que hacen parte agencias de Naciones Unidas, diversas ONG y la Cruz Roja, señaló que esta suma es fundamental para ejecutar el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes que busca «responder a las crecientes necesidades» de los venezolanos que huyeron de su país y ahora viven en Colombia.
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