Foto: Carlos Suniaga
La ONG Foro Penal solicitó con urgencia una evaluación médica y despistaje de tuberculosis para los 12 indígenas presos políticos que continúan encarcelados en el Internado Judicial El Rodeo II del estado Miranda, dijo a El Pitazo Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas en Foro Penal.
La petición formal fue realizada ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. “Pedimos que se ejecute la orden judicial, emitida por el Tribunal Cuarto de Control del Área Metropolitana de Caracas, y ellos (los 12 indígenas) sean trasladados para su revisión médica y estamos solicitando específicamente el despistaje de tuberculosis”, apuntó Ortiz.
En Santa Fe, estado Sucre, el consejo comunal de la calle Cuchapalvende, cobra una bombona de gas de 10 kilos en tres dólares. La denuncia fue hecha a El Pitazo a través de un contacto telefónico, en el que los vecinos manifestaron su rabia y descontento ante los elevados precios de este producto que es distribuido por el gobierno local.
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Omar Pérez, habitante de Santa Fe, explicó que en otras comunidades de la entidad los vecinos cancelan 50.000 bolívares por un cilindro de 10 kilos más 25.000 bolívares por el transporte. “El pueblo no tiene dinero para pagar el gas en dólares. Hay casas que se deben comprar dos y tres bombonas”, agregó.
Por otra parte, familiares de Jean Carlos Rodríguez Gómez, niño de 2 años desaparecido en Cabimas, estado Zulia, mantienen la búsqueda después de 15 días que fue reportado el caso en organismos de seguridad de la región, informaron el 20 de enero.
Jean Carlos desapareció de su vivienda en la avenida principal del barrio Barlovento, parroquia Jorge Hernández de Cabimas, la mañana del 5 de enero mientras su mamá cocinaba y él jugaba con ovejos.
En otras noticias, la Autoridad Aeronáutica de la República Dominicana autorizó desde este miércoles 20 de enero, los vuelos comerciales provenientes de Venezuela, pero acotando la aplicación de restricciones. Hasta esta fecha solo Laser Airlines realizará una frecuencia de vuelo. Ningún pasajero podrá salir del aeropuerto de Santo Domingo sin una autorización.
De acuerdo a las autoridades dominicanas esta medida está destinada a “combatir la propagación del COVID-19”.
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