Caracas.- La ONG Un Mundo Sin Mordaza advirtió este jueves 19 de noviembre que los ataques, violaciones y restricciones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en el ejercicio del derecho a la libre expresión en Venezuela, se acentuaron durante la pandemia del COVID-19, de acuerdo con un balance de la organización sobre el primer semestre de 2020.
Según la ONG, desde enero a julio de 2020 fueron documentos 281 casos, registrados por la organización Espacio Público, en los cuales se determinaron 623 violaciones a la libertad de expresión.
«Gran parte de éstos están vinculados al contexto de la pandemia y el decreto de Estado de alarma, lo cual ha servido a las autoridades para hacer uso excesivo del poder y atentar no solo contra los medios y periodistas sino contra ciudadanos que intentan vencer la censura, informar e informarse en el país», precisó Un Mundo Sin Mordaza.
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La ONG detalló, además, que durante el primer semestre aumentaron las detenciones arbitrarias. «48 periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de prensa, sector salud y ciudadanos fueron detenidos, en su mayoría por funcionarios de la Guardia Nacional».
Asimismo, la organización advirtió sobre la censura aplicada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
«13 emisoras de radio y 2 programas televisivos fueron sacados del aire, 4 canales de televisión sufrieron una suspensión temporal, 17 páginas web y redes sociales fueron bloqueadas y un servicio de televisión por satélite que cesó sus operaciones en el país», precisó Un Mundo Sin Mordaza.
La organización puntualizó que también fueron registrados 75 casos de intimidación, amenazas, hostigamientos y agresiones contra los trabajadores de la prensa, que consistieron en persecución, retención de equipos y golpes, que afectaron directamente a más de 188 personas.
«Los actos fueron perpetrados por funcionarios de organismos de seguridad, colectivos armados y adeptos al régimen», detalló la ONG.
Caso DirecTV
Un Mundo Sin Mordaza también se refirió a la salida de DirecTV del país, acción por la que responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro, «vulnerando el desarrollo del acceso información a casi la mitad de la población nacional, 13 millones de usuarios», según detalló en su balance.
«El cierre de la empresa vino luego de reiteradas intromisiones para la prestación de su servicio, especialmente de órdenes de sacar de su parrilla de programación a determinados canales informativos por transmitir informaciones que no agradaron a personajes del régimen. Siete canales internacionales fueron sacados de la parrilla de programación de Directv desde 2014», preciso la ONG.
