La empresa se reserva 45% del mercado venezolano de televisión paga | Foto: archivo.
Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este viernes, 22 de mayo, dar curso a una medida de amparo solicitada por un comité de usuarios denominado “Frente de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos Comunicacionales”, a raíz del cese de operaciones en Venezuela de DirecTV, empresa propiedad de AT&T.
La medida ordena el restablecimiento del servicio y la ocupación de los bienes muebles e inmuebles de la empresa, que cuenta con tres sedes en Caracas. Desde antes de que esta decisión se conociera, ya había presencia de efectivos de la Guardia Nacional en las sedes administrativa y operacional de la empresa.
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Lo que muchos usuarios de DirecTV se preguntan es si el gobierno de Maduro puede “restablecer el servicio”, como ordena la decisión del TSJ.
El Pitazo consultó a dos periodistas expertos en tecnología sobre el alcance técnico y real de la medida, y la respuesta casi idéntica de los dos expertos es que no.
William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, señala que la decisión del TSJ “no tiene ningún efecto real para poder devolver la señal” a los 2,2 millones de suscriptores y casi 10 millones de usuarios que tenía la compañía.
¿Por qué? A diferencia de lo ocurrido con anteriores tomas de medios nacionales, como Rctv o emisoras de radio o incluso empresas como Kellogg’s, en el caso de DirecTV se trata de un servicio. Un servicio que, según explica Peña, es un negocio muy amplio en el que convergen numerosos actores.
“Los satélites no le pertenecen a Nicolás Maduro. Le pertenecen a AT&T. Además, DirecTV es un distribuidor de señales que negocia con programadoras y con empresas que se dedican a producir contenidos y para poder hacer dichos negocios deben pagar por esos contenidos”, señala Peña.
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Además, explica que la junta ad hoc designada por el TSJ —de la cual solo se conoce el nombre de quien la presidirá, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)—, más allá de quedarse con los activos, tendría que buscar un satélite.
“Si tuvieran el Simón Bolívar (satélite), que murió hace tres meses, igual no podrían transmitir a través de los decodificadores de DirecTV, porque cada uno de esos descodificares está configurado para transmitir la señal del país donde opera. El gobierno (de Maduro) necesita un satélite para poder subir la señal y además, tendría que darle a los venezolanos un decodificador y redirigir las antenas (principales y de cada hogar) para ese satélite”.
Peña recuerda además que hasta hoy hay alrededor de 400 mil clientes de Cantv satelital que no han recibido respuesta desde marzo, cuando se anunció la pérdida del satélite Simón Bolívar, por lo que, si no han podido resolver ese problema, poco o nada podrán hacer para restituir la señal de DirecTV.
Otra arista que aborda Peña es que aunque los interventores pudiesen maniobrar con ayuda de rusos y codificar los aparatos, AT&T cuenta con una herramienta llamada IMEI, lo que le permitiría a la empresa bloquear los decodificadores.
Por su parte, Arnaldo Espinoza, periodista especializado también en el área de telecomunicaciones, coincide en que, aunque la junta tome las antenas y apunte a otros satélites para bajar señal, no podría distribuirla a través de la infraestructura de DirecTV, ya que sería necesario mover las antenas de cada casa hacia ese nuevo satélite.
Espinoza también coincide con Peña en que los códigos que utilizan los decodificadores de DirecTV son distintos, por lo que no servirían con los que se pudiesen generar de conseguir un nuevo satélite.
“No es posible, sin la cooperación de AT&T, regresar al estatus que teníamos el lunes (18 de mayo) en la noche, que es la última foto que tenemos con DirecTV”, dice Espinoza.
Si quisieran usar las antenas ubicadas en la sede operativa, Espinoza recuerda que deben negociar con los proveedores de contenidos. “No puedes mudarte de satélite y continuar igual. Allí está Cantv satelital, por ejemplo”, agrega.
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Y aquí, tanto Espinoza como Peña abren otra arista a la poca factibilidad de la medida del TSJ: la negociación con proveedores.
La junta ad hoc que ordena el Máximo Tribunal, presidida por el director de Conatel, Jorge Elieser Márquez Monsalve, general de Brigada de la Guardia Nacional, representa un problema a la hora de salir a buscar proveedores de contenido. Este militar está sancionado por el gobierno de Estados Unidos desde noviembre de 2017, por lo que una negociación de este tipo le sería complicada. También está sancionado por los gobiernos de Canadá y Panamá.
Márquez Monsalve no solo es director de Conatel, sino también Ministro del Despacho de la Presidencia del Gobierno de Nicolás Maduro desde 2017 y director de la Corporación Socialista del sector de Telecomunicaciones y Servicios Postales, creada el 23 de mayo de 2019.
Desde que llegó a Conatel se le atribuye haber sacado del aire a las emisoras 92.9 y Mágica 99.1, así como a los canales colombianos RCN y Caracol TV y la norteamericana CNN en español, todas a los pocos días y meses de haber asumido el cargo.
Otro detalle que refieren los expertos es que el nombre DirecTV es una marca registrada, por lo que los interventores deberían cambiarlo, aunque quizás ese sea el menor de sus problemas.
William Peña destaca que el gobierno de Maduro abandonó la infraestructura de la señal abierta, o analógica, y de las repetidoras.
“De los casi 40 transmisores que tenía VTV, hoy funcionan como 10 y de los poco más de los 20 que tenía Rctv, y que se quedó Tves, solo están funcionando seis”, explica.
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Y es que la totalidad de canales nacionales llegaban a los hogares en gran medida gracias a la señal de DirecTV, empresa que logró liderar el mercado al llegar a zonas donde las empresas por cable no podían.
Tanto para Espinoza como para Peña, la medida del TSJ es meramente política.
Para Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, esta es una decisión irregular, ya que se toma sin escuchar a las partes, violando el derecho a la defensa y al debido proceso.
“Esta decisión lo que hace es concretar una intervención de la empresa, repitiendo lo que vienen haciendo desde hace 20 años”, dice Daniels, quien además critica que aún y cuando se dice que esta es una sentencia cautelar, termina siendo condenatoria para la empresa Galaxy Entertainment, cuando además es público que la decisión la tomó la matriz AT&T al dejar de pasar la señal. Asimismo, destaca que la sentencia amenaza a las demás empresas de cable, si llegasen a hacer lo mismo.
Daniels entiende la decisión de prohibir la salida del país como un guión que se aplica en estos casos, ya que la mayoría de miembros de la junta directiva son extranjeros.
Otro detalle que destaca es la vulneración del derecho a la información por dos vías: la primera, es la decisión de AT&T, que afecta finalmente a los usuarios en su capacidad de decidir qué ver, así como de mantenerse informados y entretenidos. Pero además, recuerda que la página del TSJ tiene meses caída, por lo que la única forma de conocer las sentencias es por notas de prensa que se publican en la red social Facebook, lo que impide un análisis jurídico, ya que no se puede acceder a la sentencia como tal. Esta es la segunda vulneración.
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