| Foto: Archivo
Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó este martes, 7 de julio, una Junta Directiva ad hoc de la organización política Voluntad Popular, la cual estará presidida por el diputado José Gregorio Noriega Figueroa.
En una minuta del TSJ informaron que los demás directivos que representarán al partido son: Guillermo Antonio Luces Osorio, como secretario general, y Lucila Angela Pacheco Bravo, secretaria de organización. Asimismo detallan que esta decisión se toma para reestructurar al partido político y que por consiguiente queda suspendida la anterior directiva de Voluntad Popular.
Esta Junta Directiva ah hoc nombrada por el ente judicial tiene la potestad de utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto de la organización. En la nota informativa que fue enviada a los medios destaca que están suspendidos de manera provisional los actos de expulsión, exclusión partidista o suspensiones en dicha organización.
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Voluntad Popular fue catalogado el pasado 25 de mayo por el fiscal chavista, Tarek William Saab, como una organización criminal. Los acusó de promover las protestas de 2014 y 2017, así como de la salida de DirecTV y también de impedir que tanqueros iraníes llegaran al país con gasolina y aditivos.
Ese día pidió al TSJ determinar si la conducta del partido es susceptible de generar responsabilidad en materia penal, civil o administrativa. Y comprobar si es una «organización criminal con fines terroristas» para que posteriormente fuera disuelta.
La suspensión de las directivas de partidos políticos venezolanos se está haciendo recurrente desde el Tribunal Supremo de Justicia y en el marco de las venideras elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre de 2020. Tanto Acción Democrática como Primero Justicia tienen juntas ad hoc designadas por el Poder Judicial. Ahora, le tocó a Voluntad Popular.
Esta actuación del TSJ ya había sido vaticinada por la alianza opositora que denunció el pasado 14 de junio, la existencia de un plan que pretendía despojarlos de sus tarjetas y símbolos para las eventuales elecciones de la Asamblea Nacional. Para ese momento se desconocía la fecha de los comicios y si realmente se celebrarían.
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