La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó una sentencia este martes, 18 de agosto, en la cual anuncia nuevamente la intervención de la junta directiva de un partido político, esta vez de la tolda oficialista Tupamaro.
Mediante la sentencia Nº 0119, el TSJ suspendió a la directiva actual de la organización, presidida por Oswaldo Jiménez, y nombró una junta ad hoc la cual estará encabezada por Williams Benavides. Al igual que anteriores intervenciones, la nueva junta podrá reestructurar el partido y nombrar a sus representantes regionales, así como utilizar los colores, símbolos y tarjeta electoral de Tupamaro en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Benavides se desempeñaba desde 2018 como secretario de organización del movieminto Tupamaro y es diputado del Polo Patriótico por el estado Monagas, aunque de acuerdo a la página web de la Asamblea Nacional fue electo con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El partido de extrema izquierda había presentado diferencias con la corriente principal del Gran Polo Patriótico, dominada por el Psuv, luego de que en el mes de junio su fundador y secretario general, José Pinto, fuera detenido y enjuiciado por el presunto asesinato de un adolescente de 16 años en el estado Vargas. Aunque existían rumores de una posible ruptura con la coalición de organizaciones oficialistas en la postulación de candidatos para los comicios legislativos, Tupamaro no figura en la lista de la Alternativa Popular Revolucionaria, facción disidente del chavismo organizada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para Todos (PPT).
El TSJ también realizó un procedimiento similar al partido opositor Movimiento Republicano, con el mismo mecanismo de nombramiento de juntas directivas ad hoc. Ambas organizaciones se suman así a la lista de partidos intervenidos por el ente judicial, junto a Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. En total, el TSJ ha despojado del control de sus directivas a 11 organizaciones políticas, tanto chavistas como opositoras, desde el año 2012, según la ONG Acceso a la Justicia.
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