Tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) acusados por la muerte de 19 personas el 11 de abril de 2002, fueron trasladados a la cárcel Fénix del estado Lara, así lo informó, a través de Twitter, la directora ejecutiva de Fundepro Jackeline Sandoval.
Los funcionarios permanecían recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, la conocida cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, pese a que la ley les otorga derechos procesales desde 2007, desconocidos hasta ahora por las autoridades judiciales.
En aquel entonces, nueve funcionarios fueron sentenciados aun en contra de las evidencias que los exoneraban de responsabilidades. Cuatro de ellos hoy están en sus hogares aquejados por patologías. Otros dos ya cumplieron de manera íntegra sus condenas a 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente.
Pero aún quedan tres funcionarios privados de libertad: Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, quienes fueron condenados a 30 años de prisión.
«El deber ser es otorgarles beneficios procesales. No castigarlos más por delito que no cometieron», escribió Sandoval.
