Barinas.- Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, denunció que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) presidida por Rafael Ramírez, a través de empresas registradas en Panamá y Suiza, realizaban pagos de comisiones a testaferros vinculados con Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y su hijo, Alejo Morodo. El parlamentario indicó que los pagos se hicieron por 3 millones de euros.
Superlano agregó que la información la recabaron el lunes, 20 de mayo, en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal la (Udef) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anti Corrupción, a través de una orden del juez Santiago Pedraz, donde se investiga una unidad instrumental llamada Furnival Barristers Corporation y un bufete madrileño también vinculado con el nombre de Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.
“Todo esto es un entramado de corrupción, pagos de comisiones por trabajos fantasmas que se hacían, en este caso, por un monto de 3.800.000 euros», precisó.
El parlamentario recordó que la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, ha hecho un seguimiento sobre este caso y para ello, dicha instancia parlamentaria introdujo el 24 de abril del presente año, un escrito dirigido a Alejando Luzón Cánovas, Fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde se le solicitó la colaboración en investigación internacional sobre los procedimientos criminales instaurados, contra la sociedad mercantil Duro Felguera, S.A. por delitos presuntamente cometidos en Venezuela por las contrataciones inconclusas de plantas eléctricas.
Manifestó que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, lanzó una operación por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, que incluye varios registros y que desembocó en la detención de Alejo Morodo y otras tres personas en España.
La investigación la lidera el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y abarca a Raúl Morodo, y su hijo Alejo por supuestamente blanquear fondos venezolanos, facturando por servicios de asesoría legal. El magistrado acordó la operación a partir de una querella presentada por el Ministerio Fiscal hace unas semanas.
