Cincuenta y cinco periodistas fueron detenidos «arbitrariamente» en Venezuela y más de 200 «ataques» se registraron contra la prensa en lo que va de año, según denunció este jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).
«En 6 meses han sido detenidos arbitrariamente 55 periodistas, 22 de ellos de medios internacionales o corresponsales extranjeros, algunos de los que, además, han sido deportados del país en custodia de organismos de seguridad», dijo en una nota de prensa el gremio en el marco del Día Nacional del Periodista.
Asimismo, indicó que en este mismo periodo se registraron «244 ataques al ejercicio del derecho a la información -particularmente contra periodistas y medios».
El sindicato explicó, además, que «han sido sistemáticas las desapariciones forzadas de periodistas» al señalar que este tipo de situaciones se presentan cuando los cuerpos policiales niegan el paradero «de las víctimas, mientras las aislan, las torturan y las obligan a revelar sus fuentes».
Con estas cifras el Sntp eleva a 2.265 los ataques a la libertad de expresión en Venezuela desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia en 2013.
«Esto convierte a Nicolás Maduro en el primero violador del derecho a la información y a la libertad de expresión en la historia democrática de Venezuela», señaló el secretario general del sindicato, Marco Ruiz.
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En Venezuela varios medios de comunicación nacionales e internacionales fueron sacados del aire por orden del Gobierno chavista, especialmente cuando han sido críticos con su administración y cuando la tensión política se incrementó en el país.
Este fue el caso de CNN en Español en 2017, los colombianos NTN24 en 2014, RCN y Caracol en 2017 y en 2007 el nacional Radio Caracas Televisión (RCTV).
Según la ONG Espacio Público, que defiende los derechos de la libertad de expresión, «para diciembre de 2018, diez de los 24 estados de Venezuela» no tenían prensa escrita y contaban con pocas opciones para informarse a través de «medios tradicionales».
La mayoría de los medios existentes en estas zonas son controlados por el Estado, dijo la ONG en mayo pasado.
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