Foto referencial | Foto: Ronald E. Peña
Caracas.- En medio de la “declaración de omisión legislativa” efectuada el 5 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hacia la Asamblea Nacional, para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, El Pitazo presenta un perfil de cada uno de los cinco rectores que actualmente ejercen el cargo.
La rectora del CNE por más de 14 años es oriunda del estado Lara, se graduó como socióloga en la Universidad Central de Venezuela y tiene un doctorado en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York.
El 30 de abril de 2013 su cargo se venció, y no fue sino hasta octubre de 2014 cuando la Asamblea Nacional juramentó al comité de postulaciones para designar a su reemplazo y el de otros dos miembros de la junta directiva del ente electoral.
Tres meses después, específicamente, el 26 de diciembre de 2014, fue reelecta como rectora principal del CNE por designación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras ser admitida la solicitud de declaratoria de omisión de la Asamblea Nacional efectuada por Diosdado Cabello, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional. Su cargo culmina en 2021.
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De acuerdo con Poderopedia ha presidido una docena de elecciones desde que es la rectora del Poder Electoral Venezuela, y ha sido señalada de permitir “fraude, ventajismo y poca transparencia”, por parte de la oposición venezolana.
La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), realizada el 30 de julio de 2017, abrió más la grieta de estos cuestionamientos y los mostró a escala internacional, pues el 2 de agosto de 2017, Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic (la empresa encargada de diseñar y desplegar las máquinas electorales en Venezuela) denunció en una conferencia en Londres que los números de participación habían sido manipulados y que existía una diferencia de al menos un millón de votos entre lo anunciado por Lucena y lo emitido por el sistema automatizado. Tres días antes, Lucena en cadena de radio y televisión había informado la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con 8.809.320 de votos.
Además de ser señalada por permitir elecciones con ventajas, Lucena ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno de Suiza y Panamá.
El 26 de julio de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que había recibido una sanción individual por ese país. El 18 de enero de 2018, la Unión Europea hizo lo propio tras responsabilizarla junto a otros representantes del gobierno venezolano de la represión y situación política de Venezuela; desde la fecha tiene prohibición de viajar a territorio comunitario y le fueron congelados todos sus bienes.
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El 28 de marzo de 2018 fue sancionada por el gobierno de Suiza, el cual indicó que Lucena ha permitido socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Casi una semana después, el 30 de marzo, el gobierno de Panamá la sancionó por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
De acuerdo con información de Poderopedia, Oblitas forma parte de la nómina del CNE desde el 2003. El primer cargo que desempeñó fue de supervisora de los procesos logísticos del Registro Electoral y luego fue asistente técnica para las Oficinas Regionales Electorales en el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004 y las elecciones regionales del mismo año.
En 2005 fue directora de la Oficina Regional Electoral de Distrito Capital, y entre 2006 y 2009 fue presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, siendo reelegida para el período 2009-2013. Ese mismo lapso fue elegida vicepresidenta del CNE.
El 9 de noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por, presuntamente, permitir fraudes electorales y censurar a los medios de comunicación; tras la medida, todos los bienes que Oblitas tenía en ese país fueron congelados y se le prohibió ingresar al mismo.
La vicepresidenta del CNE también fue sancionada por el gobierno de Panamá: el 30 de marzo de 2018. Tres meses después, el 25 de junio, fue sancionada por la Unión Europea, desde la fecha no puede viajar a este territorio comunitario y se le congelaron sus activos.
Antes de llegar a presidir una de las cinco sillas principales del Poder Electoral fue titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y presidenta de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv).
Como Hernández había presidido estos cargos en medio de la administración de Hugo Chávez, su imparcialidad como rectora del CNE ha sido cuestionada por partidos y líderes de la oposición desde que preside el cargo. De acuerdo con Poderopedia, el partido socialcristiano Copei denunció en mayo de 2014 que “cuatro de los cinco rectores principales del CNE habían sido militantes del Psuv, entre ellos, Hernández”.
A pesar de estos señalamientos, el 13 de diciembre de 2016 fue ratificada en este cargo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el periodo 2016-2023.
Hernández, al igual que Lucena y Oblitas ha sido sancionada por los gobiernos de Estados Unidos y Panamá. El 9 de noviembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó por, presuntamente, estar relacionada con fraudes electorales; desde la fecha sus bienes en ese país fueron congelados y le prohibieron la entrada.
También la sancionó Panamá. El 30 de marzo de 2018, el gobierno de ese país la consideró persona de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tres meses después, el 25 de junio, se dio a conocer que fue sancionada por la Unión Europea. Se le prohibió viajar a este territorio comunitario y se le congelaron sus bienes.
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Rondón se graduó de abogado en la Universidad Santa María y tiene una especialización en Sistemas y Procesos Electorales de la Universidad Central de Venezuela.
De acuerdo con Poderopedia, en 1994 comenzó su carrera laboral trabajando como auxiliar de análisis político, encargado de incorporar al Sistema de Información Político Electoral (Infopren). En 1997 fue asistente II de la Dirección General Sectorial de Información Electoral. En 2004, año del referendo revocatorio contra el ex presidente Hugo Chávez, fue supervisor del Comité Técnico Superior de revisión de firmas de las solicitudes de referendos. Ese mismo año asumió como director general de Partidos Políticos, cargo que ocupó hasta 2008 cuando pasó a la Dirección General de la Oficina Nacional de Participación Política. También se ha desempeñado como profesor de postgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV.
El 2 de agosto, día en que la empresa Smartmatic dio a conocer la manipulación de votos en la Asamblea Nacional Constituyente, Rondón escribió en su cuenta Twitter que estas elecciones no tuvieron los controles necesarios. En el mensaje que colgó en la plataforma aseguró: “tal como denuncié ayer las dudas sobre este proceso, que no contó con los controles requeridos para una elección, tienen asidero. El CNE debe responder con seriedad ante el país a la denuncia que hoy realizó Smartmatic de manipulación de cifras en la participación. Reitero el llamado que hice ayer de que sean publicadas a la brevedad las actas de escrutinio de cada mesa utilizada el domingo. El ente comicial está obligado a realizar las auditorías para aclarar esta situación ante el país con prontitud”.
D´Amelio nació en Italia, pero desde niña su familia se mudó a Venezuela, país en el que se graduó de abogada de la Universidad Santa María y se especializó en Derecho Tributario.
En el año 2000, según información de Poderopedia, fue elegida en la tarjeta del Movimiento V República como diputada a la Asamblea Nacional por el estado Vargas hasta 2005, y luego fue reelegida para el periodo 2006-2010. En su desempeño como diputada formó parte de la comisión Familia, Mujer y Juventud y presidió la sub-comisión permanente de Derechos de la Juventud.
En 2009, luego de formarse el Comité de Postulaciones Electorales para escoger a los sustitutos de los rectores del CNE, Yaneth Hernández y Germán Yépez, el nombre de D’Amelio se perfiló dentro de la lista de postulados.
En 2014, organizaciones y líderes de la oposición solicitaron en 2014 revocarla de su cargo en el CNE por su militancia en el Psuv, pero siguió en el mismo.
D´Amelio también ha sido sancionada por los gobiernos de los Estados Unidos y Panamá. El 9 de agosto de 2017 el Departamento del Tesoro estadounidense le congeló sus bienes y le prohibió la entrada a ese país; y el 30 de marzo de 2018 Panamá hizo lo propio.
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