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domingo, 7 julio, 2024
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Parlamentarios solicitan medidas urgentes para proteger a periodistas tras amenazas de Diosdado Cabello

El diputado oficialista calificó como “enemigos” a los periodistas que hagan cobertura de los enfrentamientos que ocurren en el estado Apure

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Caracas.- La comisión permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó, informó que comenzará las gestiones legales para proteger a los periodistas detenidos el pasado 31 de marzo mientras realizaban la cobertura de los hechos irregulares que ocurren en la localidad de La Victoria, en el estado Apure.

Los comunicadores Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, trabajadores del portal NTN24, denunciaron que fueron secuestrados y sus equipos de trabajo robados por funcionarios del Gobierno de Maduro, cuando se presentaron en la entidad fronteriza con Colombia para cubrir los enfrentamientos suscitados entre disidentes de las Farc y del ELN con comisiones de las Fuerzas Armadas y las Faes en nuestro territorio.

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“Pedimos a las instancias jurisdiccionales medidas de protección para Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández y cualquier periodista que en estos momentos está en riesgo por ejercer su trabajo, así como el legítimo derecho humano a la libertad de expresión, porque tras esas amenazas de Diosdado Cabello no nos queda la menor duda que corren riesgos sus integridades físicas”, dijo la vicepresidenta de la comisión parlamentaria, Sonia Medina.

Junto a ellos también fueron arrestados los activistas Diógenes Tirado y Juan Carlos Salazar, de la ONG Fundaredes.

En este sentido, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, calificó de “hostigamiento y criminalización” las declaraciones de Cabello contra profesionales de la comunicación y los ciudadanos que defienden los Derechos Humanos.

A su juicio, el discurso del oficialista solo busca “intimidar” a los activistas de Apure. También anunció que desde su organización también solicitarán a la Corte Internacional de Derechos Humanos y a la ONU protección para sus activistas.

Por su parte, la ONg Provea también se pronunció sobre las amenazas del parlamentario a periodistas y activistas. “Documentar violaciones a los derechos humanos NO es delito. Cese el hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos”, escribió la ONG en su twitter.

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