Ginebra.- Los países del llamado Grupo de Lima presentaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que piden la creación de una comisión que investigue las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en el país desde enero de 2014.
Mecanismos de este tipo sólo son establecidos cuando se considera que la situación de derechos humanos en un país es muy alarmante.
Nueve de los 11 países que forman el Grupo (Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú), además de Guyana, figuran como los principales proponentes de la resolución, que será debatida a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Este organismo celebra en Ginebra su 42º periodo de sesiones, al que Jorge Arreaza, canciller del cuestionado Gobierno venezolano, acudió para denunciar una vez más las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y todo su círculo cercano, que afecta también según Arreaza, a la población venezolano.
LEE TAMBIÉN:CLAVES | EL ALERTA DE MICHELLE BACHELET SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
De acuerdo a la versión publicada en la página web del CDH, el proyecto de resolución solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y que le proporcione los recursos necesarios para este fin.
El periodo inicial de funcionamiento de la comisión -instancias que suelen estar formadas por juristas independientes de la ONU- será de un año y su periodo de investigación deberá remontarse a principios de 2014, cuando se realizaron las primeras grandes manifestaciones ciudadanas contra el Nicolás Maduro.
De aprobarse la resolución, su mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.
Al cuestionado gobierno de Maduro – al que se acusa de represión y persecución política, de tener detenidos políticos y de utilizar la ayuda alimentaria y otros programas sociales para sus fines – se le insta a colaborar con la ONU.
Sin embargo, esto es considerado poco probable porque Maduro se ha negado sistemáticamente a recibir a expertos y observadores de derechos humanos de la organización internacional, con excepción de una visita que hizo Bachelet a Venezuela el pasado mes de junio, y que fue precedida de una misión de su oficina que preparó el terreno para la misma.
