Gobierno de Maduro rechaza sanción del Reino Unido contra Alex Saab

Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Maduro | Foto: Archivo

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Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la imposición de sanciones del Reino Unido contra Alex Saab, un empresario colombiano que está preso en Cabo Verde por una petición de Estados Unidos, acusado por lavado de dinero y es calificado como el supuesto testaferro de Maduro.

“Venezuela manifiesta su categórico rechazo a la decisión del Gobierno británico al pretender imponer sanciones unilaterales contra el ciudadano Alex Saab, diplomático venezolano, sometido a una persecución judicial por parte del Gobierno de Estados Unidos”, dijo en un comunicado la cancillería del gobierno de Maduro, difundido en Twitter el 22 de julio, por Jorge Arreaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado venezolano criticó que Reino Unido imponga sanciones a Saab, “mientras actúa como uno de los principales responsables del robo de activos pertenecientes a todos los venezolanos”.

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El Gobierno británico anunció la imposición de sanciones dentro de su programa global anticorrupción a cinco individuos, entre ellos, Alex Saab.

Londres incluyó entre los afectados por esa medida a Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas por “explotar dos programas públicos de Venezuela que se pusieron en marcha para abastecer a venezolanos pobres con alimentos y vivienda asequibles”.

“Saab y Pulido se beneficiaron de contratos adjudicados de forma inapropiada, en los que los bienes prometidos se entregaron a precios inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a una población ya golpeada por la pobreza, para su enriquecimiento privado”, señala la nota sancionatoria del Reino Unido.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EE. UU. a través de la Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, el gobierno de Maduro aseveró que Saab es un ciudadano venezolano y un diplomático del Estado venezolano, por lo que sus abogados argumentan que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.