Caracas. La jueza María Lourdes Afiuni fue condenada el jueves 21 de marzo a cinco años de detención por el tribunal 17 de juicio de Caracas, bajo el delito de «corrupción espiritual».
Afiuni fue jueza del tribunal 31 de primera instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, hasta su suspensión en diciembre de 2009.
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Durante el juicio, su abogado defensor, José Amalio Graterol, ha dejado constancia de la violación de derechos humanos en el caso de la jueza.
A continuación, El Pitazo ofrece las fechas clave del caso de esta abogada, con base en la cronología recogida por Acceso a la Justicia, un observatorio venezolano de la justicia.
Afiuni fue detenida por otorgar libertad bajo fianza al banquero Eligio Cedeño, quien permanecía detenido sin juicio desde febrero de 2007, refiere el portal web Acceso a la Justicia.
Ese día fue aprehendida sin orden judicial y fue recluida en el Instituto de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
El entonces presidente Hugo Chávez pidió que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel, por haber “facilitado la fuga” de Cedeño, pues el banquero huyó a Miami luego de su liberación.
Afiuni fue presentada en tribunales. En la audiencia fue imputada de los delitos de corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad.
La entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró que Afiuni actuó de manera ilegal y en desconocimiento de la Ley, al otorgar la libertad condicional a Cedeño.
Tres expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas calificaron el arresto de Afiuni como un “golpe del presidente Hugo Chávez, a la independencia de los magistrados y abogados en el país”.
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Afiuni, a quien ratificaron los delitos imputados. También se confirmó la privativa de libertad y su reclusión en el Inof.
La defensa de Afiuni demandó a la juez del caso, Leidyz Azuaje, por el delito de abuso de autoridad, pero fue declarada sin lugar el 25 de febrero.
El equipo de abogados de Afiuni presentó una solicitud de medidas sustitutivas para revocar su prisión preventiva, argumentando que su lugar de reclusión no era apto.
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Señalaron que era una celda de cinco metros por cinco metros, y no podía salir a tomar el sol por medidas de seguridad. La solicitud fue rechazada el 27 de abril.
Se realizó la audiencia preliminar que había sido diferida en cinco ocasiones desde el 7 de abril. El tribunal acepta la acusación de la Fiscalía.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, reiteró que eran válidas las acusaciones, porque el procedimiento seguido para liberar a Cedeño no fue el adecuado.
Ortega Díaz señaló además que Afiuni no elaboró ni entregó la boleta de excarcelación. Sin embargo, en septiembre de ese año el documento apareció.
En tribunales, Afiuni se apegó al artículo 350 de la Constitución, que consagra la “desobediencia civil”, para negarse a ser enjuiciada por Alí Paredes.
Sus abogados señalaron que Paredes carecía de imparcialidad e independencia. Por el hecho le fue revocado el nombramiento de sus abogados defensores, quienes fueron restituidos en octubre.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró, en una carta remitida al Gobierno, que el encarcelamiento de la jueza Afiuni era “arbitrario”.
Solicitaron su liberación inmediata.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron las condiciones “inhumanas” de la prisión de Afiuni y pidieron su liberación.
Asimismo, la defensa de la jueza interpuso un amparo constitucional e impugnó la resolución que denegó la solicitud de medidas sustitutivas. Ambas acciones fueron rechazadas.
La fiscal Luisa Ortega Díaz recomendó otorgar arresto domiciliario a Afiuni, tras inspeccionar el centro de reclusión donde estaba detenida.
En paralelo, la defensa solicitó adoptar medidas sustitutivas.
Afiuni fue sometida a una cirugía por una afección uterina. Ese mismo día fue beneficiada con una medida judicial de arresto domiciliario.
Se le impuso presentación cada ocho días ante un tribunal y prohibición de declarar a medios de comunicación.
Afiuni fue trasladada a su vivienda para cumplir con el arresto domiciliario.
El inicio del juicio fue aplazado después que Afiuni decidiera no presentarse a la audiencia, de continuar como juez de la causa Alí Paredes.
Entonces, el juicio fue diferido para el 7 de abril.
Durante ese período el inicio del juicio fue diferido de manera sostenida ante la negativa de Afiuni de presentarse a la audiencia mientras Alí Paredes continuara como juez.
También se elevó de 8 a 15 días el régimen de presentación en tribunales.
En julio y diciembre, el lingüista y activista político estadounidense Noam Chomsky intercedió por Afiuni ante Hugo Chávez, a quien solicitó su libertad.
Chomsky argumentó los “valores humanitarios de la Revolución bolivariana».
A petición de la Fiscalía, se extienden dos años más la medida de prisión preventiva contra Afiuni.
Hugo Chávez asegura que Afiuni no es una presa política.
La defensa de Afiuni informa del cambio del juez que lleva la causa, aunque anuncia que la jueza seguirá sin presentarse al inicio juicio.
Fue rechazada la apelación contra la prórroga de la privación de libertad de Afiuni.
La jueza fue sometida a una nueva cirugía, por un problema de vejiga.
Sujetos disparan contra el edificio donde reside María Lourdes Afiuni.
El periodista Francisco Olivares publicó un libro sobre el caso de la jueza, en el que asegura que fue violada en prisión por sus carceleros, quedó embarazada y abortó.
La fiscal Luisa Ortega Díaz descartó investigar las denuncias hechas por Afiuni en el libro, bajo el argumento de que no recibió una denuncia formal.
Comienza el juicio contra Afiuni en ausencia de la jueza, luego de haber transcurrido 20 meses de la primera fecha fijada para el inicio del proceso judicial.
Afiuni se negó a denunciar la violación de la que aseguró fue víctima en prisión ante la Fiscalía, aun cuando ésta la había citado a declarar sobre el caso.
El Ministerio Público solicitó una medida menos gravosa que el arresto domiciliario.
Ocho días después de la solicitud de la Fiscalía, la jueza Afiuni obtuvo libertad condicional.
Durante casi todo este año, el juicio de María Lourdes Afiuni cayó en el limbo, entre suspensiones y diferimientos.
El 7 de noviembre, la corte de apelaciones negó la solicitud de libertad plena, y el 12 del mismo mes se retoma el juicio contra la jueza.
Venezuela sumaba 15 años sin comparecer ante las Naciones Unidas, cuando ese año la fiscal Luisa Ortega Díaz acudió a una de las citas
Durante la intervención, negó que Afiuni hubiese sido abusada en prisión, o torturada e, incluso, consignó un escrito presuntamente de puño y letra de la jueza, en el que desmentía lo señalado en el libro de Olivares sobre el abuso sexual cometido en su contra.
La defensa de Afiuni acusa a Ortega Díaz de forjar el documento presentando a la ONU.
La jueza asistió por primera vez a una audiencia de su juicio para declarar y solicitar permiso para viajar a Suiza, y demandar a Ortega Díaz por usar documentos falsos en su contra en la ONU.
El juicio de Afiuni fue retomado. Su defensa informó que el proceso judicial llevaba seis años y nueve meses, luego que desde el 29 de abril del año 2015 comenzara el juicio oral y público.
La pena por los delitos que se le imputaron fue de siete años.
Afiuni escribió en su cuenta de Twitter que cumplía ocho años siendo sometida a un proceso judicial por otorgar libertad condicional a una persona, según lo establecido en una resolución de la ONU sobre la materia.
Advirtió que el proceso continuaba con medidas restrictivas de libertad, a pesar de que el mismo sobrepasaba el límite máximo de siete años de la pena establecida por los delitos que le imputaron.
El equipo de abogados defensores de Afiuni reveló que desde el 31 de enero el juzgado 17 de juicio del área metropolitana de Caracas, a cargo del juez Manuel Antonio Bognanno, quien lleva la causa, no da despacho.
Denunciaron que el hecho impide que se dé la última audiencia de juicio, que es en la que se debe dictar sentencia.
La audiencia de juicio fijada para el día 19 de marzo, después de un año y un mes suspendido, no se celebró.
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