Ramírez fue ministro de Energía y Petróleo entre 2002 y 2014, y durante 10 años fue presidente de Pdvsa. | Foto: cortesía Diario Las Américas
Caracas.- El ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó este miércoles, 14 de julio, sobre la opinión favorable de la Corte de Apelaciones de Roma (Italia) por la solicitud de extradición del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez. Según lo reportado por Náñez, el fiscal General no consideró suficiente la defensa presentada por Ramírez.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a Italia en julio de 2020 la extradición de Ramírez, quien fue acusado de corrupción, señalado por los cargos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir, según lo informado en ese momento por la Sala de Casación Penal del TSJ.
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De acuerdo con lo informado por Náñez en la red social Twitter, en la que difundió el comunicado de la Procuraduría General italiana, el fiscal general de la Corte de Apelaciones de Roma no consideró suficiente la defensa de Ramírez y estimó que su caso no era de persecución, como alegó Ramírez.
«No existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos, tampoco existen elementos para creer concretamente que el proceso al que sería sometido en su país de origen no respetará los derechos fundamentales del imputado», resalta el comunicado de la Procuraduría General italiana.
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El pasado mes de febrero, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, Tarek William Saab, acusó a Ramírez de haber liderado una red de sobornos junto con su primo, Diego Salazar. De acuerdo con lo señalado por Saab, Ramírez era investigado por al menos siete casos de corrupción, con una solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol.
El exministro de Petróleo, una de las principales figuras políticas durante la gestión del expresidente Hugo Chávez, denunció en febrero que funcionarios armados allanaron y ocuparon su residencia en Venezuela, una acción que calificó de irregular, represiva y de persecución, como parte de una campaña en su contra por parte de la Fiscalía y el gobierno de Maduro.
«Me persiguen y me agreden usando a la justicia como instrumento de justificación y coacción, judicializando la política, un triste mecanismo que se ha ensayado en nuestra región, contra dirigentes políticos y expresidentes», dijo Ramírez en febrero, cuando denunció el procedimiento irregular ejecutado en su residencia en Venezuela.
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