El comité de postulaciones de la Asamblea Nacional sigue vivo y respira aunque, por ahora, no ha adelantado mucho en su trabajo.
Miembros de esta instancia ofrecieron una rueda de prensa, este miércoles 22 de julio, para reiterar que no existen condiciones electorales para el proceso del 6 de diciembre, en el cual el gobierno de Maduro espera hacerse con la Asamblea Nacional.
El presidente del comité, diputado Ángel Medina (Bolívar-PJ), señaló que el pueblo tiene derecho a decidir, pero no hay condiciones para ello.
Aseguró que se violenta la Constitución al hacer modificaciones más que sustanciales al proceso electoral. Específicamente se refirió al artículo 298, que establece que la ley que regula los procesos electorales no puede modificarse desde la fecha de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores.
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Medina agrega que se está atentando contra la ley con una intención política: favorecer al Psuv.
Sostiene que subir el número de diputados de 167 a 277 también violenta el artículo 186, que plantea que el número de diputados debe establecerse según el índice poblacional del 1,1% de la población total del país.
“Elevar a 277 el número de diputados no tiene sentido ni se corresponde con la distribución por estados”, dice Medina.
Como ejemplo habló de los estados Delta Amacuro, Vargas y Yaracuy. Las tres entidades ahora tendrán seis diputados, pero su población es de 237.000; 443.000 y 747,000 habitantes, respectivamente.
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“Eso explicaría la intención política de beneficiar a algunos circuitos disminuyendo la representación o sobrerepresentándolos”, indicó el parlamentario.
También expuso los casos de Táchira, Bolívar y Mérida cuyas poblaciones son de 1.3 millones; 1.6 millones y 1 millón de habitantes, respectivamente, y tendrán que elegir, según las modificaciones hechas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 9, 10 y 7 diputados.
Asimismo, se refirió a las llamadas listas nacionales con 48 diputados y que el
CNE no ha explicado cómo se adjudicarán.
“Para que exista una verdadera elección debe haber condiciones”, insiste Medina.
En cuanto al comité, Medina señala que es un espacio para crear soluciones y retomarlo cuando sea posible para garantizar condiciones electorales y por eso decidieron mantenerlo activo.
Sin embargo, aclara que será la junta directiva y los jefes de fracción quienes tomarán la decisión de lo que se pueda o no hacer.
“Nosotros tenemos el mandato de la Asamblea y será ella quien indique los próximos pasos”, expresó Medina.
Por su parte, el diputado Piero Maroun (Monagas- AD) recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) usurpa funciones de la Asamblea y del CNE al haber designado a los rectores, pero además decidir quién presidiría el organismo electoral.
El parlamentario agrega que entre las violaciones a la ley que se estarían cometiendo está el hecho de haber publicado el cronograma diez días después de anunciar la fecha del proceso electoral, cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que debe ser el mismo día de la convocatoria.
Por otro lado, recuerda que “pasaron por debajo de la mesa” la constitución de los grupos de electores. “¿Cómo se recogen 10.000 firmas en medio de la pandemia?”, se preguntó.
En cuanto a cifras, Maroun señala que 8 millones 36 mil 907 venezolanos deben regularizar su estado en el registro electoral, mientras que, un millón 650 mil debe actualizar su centro de votación.
Los diputados Medina y Maroun cuestionan que el registro se haya abierto y que no se beneficiará a las ciudades con mayor población ni se garantizará hacerlo en ciudades bajo la llamada “cuarentena radical”.
Al tiempo que dos millones 696 mil 823 jóvenes tienen que inscribirse como votantes. A eso se suma que dos millones 777 mil 563 venezolanos deben cambiar su residencia ya que se encuentran en el exterior. Asimismo, 922.000 jóvenes que también están en el exterior deben inscribirse. Todo esto durante una pandemia.
“El gobierno de Maduro quiere elecciones, pero no quiere competir”, puntualiza Maroun.
Los diputados aseguran además que el gobierno de Maduro pareciera poner por delante sus intereses políticos más que resguardar a la población.
