Durante la sesión virtual de la Comisión Delegada -instancia que representa la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015- este martes, 19 de enero, se rechazó lo ocurrido en el estado Apure donde se desmanteló una red de prostitución y trata de personas.
El diputado Rommy Flores (Carabobo-AD) denunció que estas prácticas inhumanas ocurren ante la mirada complaciente de autoridades.
El parlamentario sostiene que no solo se trata del estado Apure. Asegura que en los estados fronterizos como Táchira y Zulia así como en Sucre y Delta Amacuro también se han propagado estas redes y organizaciones de prostitución infantil, las cuales se aprovechan del estado de vulnerabilidad de las familias venezolanas.
Por su parte, la diputada Liz Carolina Jaramillo (Aragua-PJ) recordó que se logró rescatar a un grupo de niños entre 13-16 años que eran comercializados sexualmente y que se han producido cerca de 15 allanamientos y habría 19 detenidos.
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Jaramillo rechaza que esta investigación no se iniciara procurando el bienestar de los menores de edad sino que ocurrió en medio de lo que considera, una guerra de poder donde están involucrados el gobernador de la entidad, Ramon Carrizales y Jesus Suarez Chourio.
Coincidió con su colega parlamentario en que las denuncias sobre estas redes no son nuevas y que en esta ocasión hubo mayor revuelo porque hay militares y empresarios involucrados.
También denunció que a la mujer venezolana se le viene “cosificando” desde hace tiempo debido a la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa el país.
“El caso debe llamar la atención de todas las familias y hacernos contralores de que los responsables sean castigados”, puntualizó la parlamentaria.
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Juan Guaidó, presidente del parlamento electo en 2015, pidió a las Comisión de Política Interior hacer seguimiento de estas denuncias y llevarlas ante las instancias internacionales pertinentes.
Anulan decreto 4.391
La Comisión Delegada también dejó sin efecto el decreto 4.391 aprobado por el gobierno de Maduro y a través del cual creaba la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal.
Según la diputada María Gabriela Hernández (Monagas-PJ), el decreto le permitía a la Fuerza Armada Nacional explotar los recursos forestales en la Altiplanicie de Nuria (entre los estados Bolívar y Delta Amacuro) para el fortalecimiento de la industria militar en detrimento del medio ambiente.
Este decreto también permitía otorgar permisos para actividades turísticas y de minería.
