El presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó | Foto: archivo
El presidente interino, Juan Guaidó, ratificó este viernes 24 de julio ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Protocolo de San Salvador, un instrumento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que amplía el resguardo de derechos sociales, económicos, culturales y laborales en la región.
Guaidó informó sobre el depósito de la ratificación del protocolo por parte de Venezuela, tras 15 años de espera, que se llevó a cabo en evento virtual, y señaló que es un importante avance para ponerle freno a las violaciones de derechos humanos en el país por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Acá las claves sobre la ratificación del Protocolo de San Salvador:
El Protocolo de San Salvador establece que los Estados firmantes deben garantizar el derecho al trabajo (con condiciones justas, equitativas y satisfactorias); derechos sindicales; derecho a la seguridad social; derecho a la salud; derecho a un medio ambiente sano; derecho a la alimentación; derecho a la educación; derecho a los beneficios de la cultura; derecho a la constitución y protección de la familia; derecho de la niñez y la protección de los ancianos y de los minusválidos.
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De acuerdo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el Protocolo de San Salvador es un tratado que complementa la Convención Americana, ya que desarrolla de una manera más amplia la protección de los derechos sociales, económicos y culturales.
Almagro advirtió que si hay un país que necesita implementar el Protocolo de San Salvador, es Venezuela. “Vive la mayor crisis política, económica y sanitaria de la región por una dictadura que viola y pone en riesgo estos derechos consagrados en el protocolo”, señaló Almagro.
El comisionado para los Derechos Humanos designado por el gobierno interino, Humberto Prado, consideró que el Protocolo de San Salvador puede facilitar una vía alternativa para el juzgamiento contencioso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Aun cuando la Comisión entiende que esas denuncian adolecen de nulidades absolutas desde el punto de vista del incumplimiento de requisitos de derecho nacional e internacional, lo cierto es que inclusive si se tomasen por ciertas, el Protocolo de San Salvador facilitaría una vía alternativa para el juzgamiento contencioso en la CIDH”, declaró Prado.
Agregó que la ratificación del protocolo es un paso importante para hacer respetar los derecho humanos en Venezuela.
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“Dar este paso es sumamente importante, no solo por hacer respetar los derechos humanos, y en especial, los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de todos los venezolanos, sino que supone la consagración de pasos correctos para poder hacer la diferencia en Venezuela”.
El embajador del gobierno interino en la OEA, Gustavo Tarre Briceño, señaló que con la ratificación del Protocolo de San Salvador, acuerdo que asumió la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo hace 15 años, se logra el compromiso del Estado venezolano, pero su acatamiento queda en suspenso por el control represivo del gobierno de Maduro.
«Hoy se logra el compromiso del Estado venezolano, pero el acatamiento de lo que ahí se consagra (en el protocolo) está como en suspenso debido a la usurpación; no estamos en la posibilidad de garantizar el ejercicio del derecho por no tener el control de los cuerpos represivos del Estado, pero las violaciones de derechos humanos son delitos que no prescriben», precisó Tarre Briceño.
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