Roland Carreño está detenido desde el 26 de octubre | Foto: archivo
Caracas.- El periodismo es una profesión históricamente golpeada en Venezuela, y en este 2020, la situación no ha sido diferente. Son múltiples los casos de agresiones, atropellos, detenciones y otros hechos violentos a los que han sido sometidos los profesionales de la comunicación en Venezuela desde enero de este año.
La reciente detención del periodista Roland Carreño vuelve a traer a la escena la persecusión política contra periodistas venezolanos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tuvo su 76 Asamblea General y denunció que en Venezuela hay «detenciones arbitrarias e intimidación de periodistas con un carácter masivo e indiscriminado».
El Pitazo resume los casos más destacados de periodistas venezolanos víctimas de ataques y detenciones en lo que va de 2020:
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó el martes 7 de enero que los periodistas Manuel Cobela, de Venevisión, y Francesco Manetto, de El País, fueron golpeados y robados por un grupo de seguidores del oficialismo armados en las cercanías de la Asamblea Nacional. La periodista Adriana Núñez Rabascall denunció que un grupo de personas intentó quitarle el teléfono mientras cubría el ingreso al Palacio Federal del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Además, el medio de comunicación NTN24 publicó en su red social un video del momento en que intentaron robar al periodista de TVVenezuela Maiker Yriarte.
Con palos, piedras e incluso armas de fuego, civiles armados adeptos a Nicolás Maduro atacaron el 15 de enero a una comisión de diputados de la oposición que se disponían a ingresar a la sede de la Asamblea Nacional (AN) en las inmediaciones del recinto. Disparos contra el vehículo, vidrios rotos y agresiones contra periodistas que cubrían la caravana fue el saldo del intento opositor por llegar al Capitolio.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció por medio de su cuenta Twitter que el teniente coronel Malaguera Hernández, encargado de la seguridad en la Asamblea Nacional, retuvo a la periodista Mildred Manrique. De acuerdo con la información manejada por el sindicato, la comunicadora fue aprehendida luego de hacerle una pregunta al presidente de la ANC, Diosdado Cabello.
Luego de difundirse una denuncia realizada por corresponsal del medio digital Crónica Uno, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) confirmó que se intentó sobornar al gremio periodístico con altas sumas de dinero para expresar públicamente respaldo a Luis Parra y la junta directiva que protagonizó el golpe al Parlamento el 5 de enero.
El sábado 1º de febrero, los periodistas Johan Álvarez y Alexandra Villán fueron arrollados por un auto en la avenida Baralt de Caracas. La información fue dada a conocer por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Periodismo a través de su perfil de Twitter.
Seguidores del oficialismo atacaron a diputados y trabajadores de la prensa a las afueras del aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, mientras se esperaba la llegada del presidente encargado, Juan Guaidó, a Venezuela.
La periodista y jefe de información del portal 800 Noticias, Mildred Manrique, denunció el 13 de febrero la presencia de funcionarios del Cicpc a las afueras de su residencia, ubicada en la ciudad de Caracas.
Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos del Gobierno interino de Juan Guaidó, informó el 14 de febrero que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentar los casos en los que se ha violentado la integridad de los trabajadores de la prensa.
“La visita de la Cidh fue muy positiva. Le hicimos entrega de un informe en el cual toda la situación de DD. HH. en Venezuela está documentada. Además, solicitamos que se documente también la violación contra los periodistas”, dijo en una entrevista para TVV Noticias.
Ana Cristina Cortés, presidenta del diario La Nación, y Omaira Labrador, periodista y directora del periódico, denunciaron que estaban siendo víctimas de ciberacoso promovido por el tachirense Numan Pérez. Explicaron que recibieron mensajes y llamadas con amenazas e insultos, luego de que sus números telefónicos fuesen publicados por Pérez, quien el martes 18 de febrero publicó un tweet solicitando alquilar cuentas en el Bank of America, que se viralizó en las redes sociales.
La periodista Milagros Socorro denunció que seguidores del chavismo le profirieron insultos y amenazas por haber escrito en la red social Twitter sobre del peligro que corrían los venezolanos ante la inminente llegada del coronavirus al país.
La gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ordenó buscar al periodista de El Pitazo en ese estado, Melquiades Ávila, luego de que el reportero utilizó sus redes sociales para consultar a la gente sobre las condiciones de los centros de salud en la entidad.
«O aprenden o aprenden. Por las buenas o por las malas», dijo la mandataria regional en cadena de radio y televisión cuando se refirió al comunicador social y las publicaciones que este había hecho en sus redes personales.
La Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público denunció el lunes, 16 de marzo, que funcionarios de Policaracas retuvieron en Catia a periodistas del portal de noticias Cronica.Uno y las obligaron a eliminar el material periodístico.
A las reporteras Ariadna García y Tairy Gamboa los funcionarios las despojaron de sus credenciales y la razón que les dieron para que borraran las grabaciones en un recorrido que estaban haciendo en Catia, al oeste de Caracas, fue que “podían tergiversar la información en una situación delicada”.
Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes-PNB) detuvieron en su residencia al periodista Darvinson Rojas y a sus padres. De acuerdo con lo denunciado por el reportero vía Twitter poco antes de que se lo llevaran, los efectivos llegaron a su vivienda, ubicada en el oeste de Caracas, para comunicarle que habían recibido una llamada anónima sobre un supuesto caso de coronavirus y requerían su presencia en el comando policial.
Posteriormente, en un audio, el periodista señala que los funcionarios lo buscaron porque había publicado unos tuits. «Los funcionarios quieren que me vaya con ellos. Siguen amenazando con tumbar la puerta», decía parte del audio.
Luego de 12 días detenido, fue liberado el 2 de abril con medidas cautelares, por informar acerca de la propagación del coronavirus en Venezuela.
En la población de el Sombrero, municipio Mellado del estado Guárico, funcionarios de la Guardia Nacional (GN) detuvieron al periodista Arnaldo Rafael Sumoza González, de 54 años, quien cubría una protesta por fallas en el suministro de agua en la jurisdicción llanera. Fue liberado dos días después bajo régimen de presentación cada 60 días.
A las 05:00 pm aproximadamente, tres funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) y tres civiles se llevaron al periodista Eduardo Galindo Peña desde su casa en San Fernando de Apure hasta la sede del Conas para rendir declaraciones sobre una publicación hecha por el comunicador en su portal web Senderos de Apure. El Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de Apure, a cargo del juez José Antonio Laprea, estableció medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación y cinco fiadores el 19 de abril.
El periodista venezolano Sergio Novelli denunció mediante una publicación en su cuenta en Instagram que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó su residencia en Venezuela, aunque el comunicador social vive actualmente en Miami, Estados Unidos.
Novelli aseguró que los funcionarios llegaron con una orden y se llevaron cuatro computadoras y cinco teléfonos de la propiedad, en la que vive actualmente una familia pastoral, a quienes le alquiló la vivienda. Agregó que teóricamente la Dgcim iría a casa de sus padres, resaltando que son adultos mayores. Afirmó que desde hace más de dos años no pisa suelo venezolano.
El Foro Penal Venezolano denunció que contabiliza al menos 39 detenciones arbitrarias en el mes de marzo y abril. Médicos, concejales, abogados y periodistas estaban en la lista.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas emitió un comunicado el 5 de mayo donde denunció que contabilizaba un total de 79 ataques contra la prensa durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19.
«Detenciones, hostigamiento, intimidación, amenazas e impedimentos de circulación encabezan las arbitrariedades contra los periodistas venezolanos», denunció el CNP. Además, agregaron que 38% de las agresiones a periodistas desde la declaración de alerta por COVID-19 fueron cometidas por la Guardia Nacional (GN).
Mediante un comunicado de prensa dirigido a los medios nacionales y regionales, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Ciudad Guayana, condenó la violación flagrante de los Derechos Humanos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), presuntos milicianos y la Policía del estado Bolívar (PEB) contra la periodista del diario Primicia María Alejandra Meléndez.
El periodista falconiano Danilo Sarmiento fue golpeado por un efectivo de la Guardia Nacional y trasladado sin su consentimiento desde el municipio Falcón hasta Carirubana, la mañana del lunes 25 de mayo, cuando cubría una protesta por falta de agua en el sector Pueblo Nuevo de Paraguaná.
La periodista Carol Romero fue detenida por grabar una discusión entre efectivos militares y usuarios en la estación de servicio ubicada en el Km 7 de la carretera hacia El Junquito.
Con falsas acusaciones, un tribunal dicta medida de casa por cárcel a los periodistas Marco Antoima y Mimí Arriaga, denunció Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, el lunes 22 de junio.
A través de un comunicado de prensa, el CNP manifestó que el juicio que se llevó a cabo en horas de la tarde de este 22 de junio contra los periodistas estuvo lleno de irregularidades. Cárdenas sostuvo que el procedimiento judicial se realizó con un libreto preparado que condena a Antoima y Arriaga por un inimaginable complot en las nubes de Internet.
«El Tribunal 47 de Control les impuso casa por cárcel o arresto domiciliario, prohibición de publicar mensajes en sus redes de Internet y salir del país. Todo esto configura una violación a los derechos humanos», sostuvo Cárdenas.
Asimismo, el secretario general informó que los periodistas fueron imputados por el presunto delito de instigación al odio. «Celebraremos el Día del Periodista en un ambiente hostil provocado por el Gobierno, que pretende silenciar a la prensa libre con agresiones, hostigamientos y detenciones arbitrarias», denunció.
La Organización No Gubernamental Espacio Público denunció el martes 7 de julio que la periodista Mimí Arriaga fue detenida nuevamente y trasladada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Parque Carabobo en Caracas, a pesar de que le habían otorgado casa por cárcel.
El periodista Otilio Rodríguez fue detenido por la Guardia Nacional el miércoles 15 de julio. «Los funcionarios militares me dejaron claro que mi orden de aprehensión la dio una autoridad superior», advirtió dos días después. Expuso que cuando fue detenido solo le dijeron que tenía que responder por una nota donde explica la situación de la gasolina en la estación de servicio Bello Monte, publicada en la cuenta de la red social Instagram de la emisora en la que trabaja.
El periodista Freisher Leon, ancla de Relaciones Públicas del ejecutivo deltano, fue excluido de su cargo sin previo aviso ni derecho a reclamo. El departamento de prensa de la Gobernación del estado Delta Amacuro lo excluyó de la nómina. El despido se registró luego de que el comunicador social hizo críticas sobre el deterioro de los espacios deportivos; no obstante, se desconocen, hasta los momentos, las causas de su despido.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ya registraba un total de 35 agresiones a periodistas durante el ejercicio de su labor en la cobertura de la pandemia por el COVID-19 en Venezuela. De la lista de agresiones, 34 ocurrieron durante los primeros 15 días de cuarentena decretada por el gobernante Nicolás Maduro. De esta cifra general, un total de 11 fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado; ese 31 de julio se le sumó un caso más: el del fotógrafo del Correo del Caroní William Urdaneta, quien fue detenido por la Dgcim.
El cuerpo del periodista José Carmelo Bislick, conductor de un programa de la emisora de radio Omega 94.1 en el que denunció el crimen y la corrupción, fue encontrado al lado de una carretera en Güiria el 18 de agosto, después de haber sido secuestrado de su casa la noche anterior.
Andrés Eloy Nieves Zacarías, reportero de La Guacamaya TV, murió durante una redada de miembros las Fuerzas de Acciones Especiales el 21 de agosto en las instalaciones de esa cadena local, ubicada en Cabimas, estado Zulia.
El CNP ofreció un balance e informó que contabilizó 266 ataques contra la prensa en lo que ha transcurrido del año.
El CNP seccional Trujillo condenó el acoso y hostigamiento al que en días recientes había sido sometida la periodista Yoerli Viloria desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La semana anterior, funcionarios del Sebin se dedicaron a tomarle fotografías a su residencia familiar, ubicada en un sector de Valera.
El Sebin realizó un allanamiento a la sede del periódico Correo del Caroní, en el estado Bolívar. Después de seis horas de haber tomado las instalaciones, ocurrió la detención de Susana Reyes, secretaria del director del medio, David Natera, y de la periodista María Ramírez Cabello. Fueron liberados horas más tarde.
El periodista Roland Carreño fue interceptado por vehículos sin identificación. Tras ser detenido fue llevado a la sede del Sebin del Helicoide, en Caracas. Este 29 de octubre, el Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo decretó la privación judicial preventiva de libertad del periodista y dirigente de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, por la presunta comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo; conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra, todos previstos en la legislación penal venezolana.
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