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Caracas.- Por más de 120 años, Venezuela y Guyana han mantenido una disputa territorial que ha mantenido al Esequibo como un territorio en reclamación. Y esta semana cobra nueva relevancia el diferendo entre ambos países tras el acuerdo logrado entre la oposición y el gobierno de Maduro en la segunda ronda de diálogo que se desarrolla en México.
Allí se firmó este 6 de septiembre el primer acuerdo, referente a «la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba», lo que simboliza una lucha unificada para reclamar la región. Esta es un extenso territorio de más de 159.000 kilómetros cuadrados, desde el río Esequibo hasta el Monte Roraima, que constituye una inmensa fuente de recursos minerales y de los cuales ninguno de los dos países tiene completa certeza.
La intención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de declararse competente para mediar en el diferendo, debido al fracaso de todos los mecanismos anteriores, abre la disputa territorial sobre la soberanía de cada país sobre el Esequibo, así como de todas sus riquezas.
El Pitazo le trae una serie claves para entender de qué se trata esta disputa territorial.
Desde la primera constitución de Venezuela, en 1811, y hasta la actual y vigente carta magna, el Esequibo pertenece a nuestro país. Pero la Guyana Británica —colonia del Reino Unido al este de nuestro país hasta 1966— asegura que esas tierras le pertenecen.
Por esto se recurrió, debido a la mediación de Estados Unidos, a un laudo arbitral en París, firmado en 1899 y que concede toda la extensión del territorio al Reino Unido.
Este acto ha sido rechazado por todos los gobiernos del país desde entonces, que han sostenido que hubo muchos vicios en el desarrollo del arbitraje que llevaron a la entrega del Esequibo.
En 1962 el Gobierno de Venezuela presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una demanda declarando el Laudo Arbitral de París como nulo e írrito, alegando complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que dictó la sentencia.
En 1966, los gobiernos de Venezuela y el Reino Unido suscribieron los Acuerdos de Ginebra en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales establecieron un lapso de cuatro años para buscar una solución pacífica y mutuamente satisfactoria.
Esta negociación fue transferida por los británicos a la recién independizada República Cooperativa de Guyana, lo que levantó muchas críticas en Venezuela por permitir que se extendiera tanto la búsqueda de una solución a la disputa territorial.
Desde 1966 hasta 1970 se estableció una comisión mixta, pero esta fracasó en la búsqueda de un acuerdo. Por esta razón se congeló el diferendo por 12 años mediante el Protocolo de Puerto España.
En 1982, y apegados a los Acuerdos de Ginebra, ambos países solicitaron una vez más al secretario general de la ONU buscar y proponer una solución pacífica.
Para 1990, Venezuela y Guyana acordaron negociar con la presencia de un mediador designado por el secretario general de la ONU. Fueron varias las comisiones mixtas enviadas desde entonces en la búsqueda de una solución, pero el proceso se archivó con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y sus buenas relaciones con el Gobierno de Guyana.
Durante la última década, el Gobierno guyanés ha determinado —de forma unilateral— la frontera entre ambos países y ha dado concesiones a empresas, como Exxon Mobil, para explorar los recursos petroleros en el Esequibo.
En 2016, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon anunció que la participación de la institución en el diferendo culminaría en 2017, y que de no lograrse un acuerdo, el caso sería remitido a los tribunales de La Haya.
En efecto, desde 2018 la ONU cerró su participación en el diferendo, lo que dio paso a que Guyana interpusiera una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para buscar una solución que les permita conservar dos tercios del territorio que han considerado suyo por más de un siglo.
El pasado 18 de diciembre, la CIJ declaró que tiene jurisdicción sobre el caso del Laudo Arbitral de 1899 y para el tema de la frontera terrestre definitiva entre ambos países.
Esta decisión generó un rechazo del Gobierno de Venezuela, que asegura que esta orden contraviene los Acuerdos de Ginebra. Mientras, en Guyana celebraron la decisión sosteniendo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) siempre ha sido el espacio para solucionar el conflicto.
Pero la verdad es que ni Venezuela ni Guyana son parte ni han suscrito el Estatuto de la CIJ, un requisito clave para la intercesión de La Haya en cualquier conflicto jurídico.
A la fecha, a través de los Acuerdos de Ginebra no se ha logrado la solución prometida, y lo suscrito en la ciudad suiza hace 55 años es el documento que Venezuela reconoce como vigente para recuperar la soberanía sobre el Esequibo.
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