Los contratos entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la rusa Rosneft Trading son nulos porque violaron la Constitución. Así lo estableció la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional en la sesión de este miércoles, 4 de marzo.
La medida coincide con la decisión que hace dos semanas tomó Estados Unidos de sancionar a la petrolera rusa por apoyar al gobierno de Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha denunciado desde 2016 la ilegalidad de los contratos que venía contrayendo la estatal por no ser presentados ante el Parlamento.
Haciendo uso de la modificación del Reglamento Interior y de Debate que permite la participación a distancia, el diputado Elias Matta recordó que en agosto de 2016 alertaron sobre las cifras rojas que presenta Pdvsa y de la necesidad de mejorar los números. También recordó que el Parlamento ratificó que la decisión de otorgar 50,1% de Citgo a los tenedores de los bonos 2020 fue ilegal por ser un contrato de interés público.
Matta indicó las irregularidades de los contratos adquiridos entre estas dos empresas: una de ellas es el hecho de que Rosneft prestara 1.500 millones de dólares a Pdvsa, que serían pagados con exportaciones. Además, Pdvsa colocó como garantía 49,1% de las acciones de Citgo, con lo cual, entre octubre y noviembre de 2016, se entregó 100% de la filial Citgo.
“Estamos aquí para hacer justicia y defender los derechos de los venezolanos”, dijo Matta, ratificando, como proponente del acuerdo, la solicitud de nulidad de todos los contratos adquiridos entre Pdvsa y Rosneft.
El acuerdo aprobado por unanimidad contempla la declaratoria de nulidad de los contratos de exportación y su adenda, así como el contrato de garantía, suscrito entre Pdvsa y Rosneft Trading, S.A., el 30 de noviembre de 2016, por medio de los cuales se comprometió 49,9% de las acciones de Citgo Holding. La declaratoria de nulidad se hace porque viola el artículo 150 de la Constitución.
La fracción 16 de julio solicitó que se publique un informe detallado de los activos en el exterior y cuál es la posibilidad de recuperarlos.
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Los parlamentarios reiteran los cuestionamientos que desde 2016 han realizado en torno al endeudamiento, que consideran irresponsable por parte de Pdvsa, así como a la ejecución de contratos de interés público nacional no autorizados previamente por el Parlamento. Estas acciones están siendo objeto de una investigación.
También se emplazó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a que adopte todas las acciones orientadas a la defensa de los activos de Pdvsa afectados por los contratos suscritos con Rosneft Trading.
Consejo de gastos para el Fondo especial
La mayoría opositora también aprobó este miércoles la creación de un Consejo de Gastos que tendrá como tarea aprobar los planes y acciones a los que se destinarán los 80 millones de dólares que están en el recién creado Fondo especial para la liberación de Venezuela y atención a casos con riesgo vital. Pero además también ejecutará funciones contraloras de dichos recursos.
Juan Guaidó anunció que se espera que la próxima semana pueda presentarse un plan de ejecución específico por parte de este consejo. Los integrantes de este nuevo órgano son: Alejandro Plaz Castillo, Yon Goicoechea, Gustavo Marcano, Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi.
Convocatoria del 10 de marzo
El presidente encargado reiteró la invitación a marchar el próximo 10 de marzo y acompañar a los distintos gremios y sindicatos que consignarán sus pliegos conflictivos. La intención de los opositores es que esto lo hagan en la sede de la Asamblea Nacional, con lo cual buscarían retomar la casa natural del Poder Legislativo.
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El 7 de enero fue la única vez que pudieron sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Desde ese momento, plazas, teatros y auditorios de colegios han servido como sede para las sesiones. Sin embargo, cada semana parece complicárseles más conseguir un lugar.
Alcaldes opositores han puesto obstáculos para la realización de sesiones en plazas públicas, y según fuentes cercanas a la directiva del Parlamento, los responsables de otras instalaciones han sido amenazados si prestan sus espacios. Aun así, los diputados aseguran que continuarán sesionando, pues alegan que la Asamblea no es un lugar, sino sus diputados y quienes los eligieron.
Durante esta invitación a salir a las calles la próxima semana, la diputada Manuela Bolívar indicó que en lo que va de año se han registrado 600 protestas por distintas reivindicaciones. “No hay posibilidad de una vida normal en un país donde todo colapsa”, sentenció Bolívar.
