Foto: Leo Álvarez.
La nueva reforma judicial impulsada por Nicolás Maduro con Cilia Flores y Diosdado Cabello al frente fue rechazada por la Asamblea Nacional electa en 2015 en la sesión virtual de este martes 20 de julio.
Los opositores consideran que esta comisión nombrada por el gobierno de Maduro para que, en 60 días, presente respuestas para solucionar el hacinamiento y retardo procesal no cuenta con la capacidad ni la voluntad para resolver el problema.
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Por el contrario, los opositores sostienen que esta medida, que no es la primera, responde a la necesidad de contrarrestar el anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre si se pasará a una nueva fase en las denuncias contra el Estado por delitos de lesa humanidad.
El diputado electo en 2015, Williams Dávila, recuerda que la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) aprobó medidas cautelares para nueve centros penitenciarios y que éstas no se han hecho efectivas. También citó al Observatorio Venezolano de Prisiones, que reveló que en 2020 murieron 292 presos, de los cuales, 194 fallecieron por tuberculosis o desnutrición y que de 75 mil privados de libertad que existen en el país, 40 mil se encontrarían en calabozos bajo la figura de detención preventiva sin juicio, así como que el hacinamiento se ubica en 145%.
Los opositores señalaron que en 22 años se han anunciado seis reformas judiciales, (1999; 2001; 2005; 2009; 2020 y 2021), sin que ninguna haya dado resultados y que por el contrario se ha fortalecido la falta de independencia del Poder Judicial.
Tamara Adrián, diputada electa en 2015, agregó que lo que se requiere es la conformación de una comisión de juristas que “despolitice y reintitucionalice el sistema judicial”.
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Además de rechazar esta reforma a cargo de Cabello y Flores, a quienes califican de “operadores políticos que estarían señalados por la justicia internacional”, los opositores aprobaron en un acuerdo, visibilizar la violación de derechos humanos y solicitar mayor presión por parte de la comunidad internacional que permitan denunciar estas violaciones.
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