Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y reconocido como presi y encargado por varios países. Foto: Leo Álvarez.
De criminal calificaron los diputados electos en 2015 la política minera del gobierno de Nicolás Maduro ejecutada a través del Arco Minero del Orinoco y que, aseguran los opositores, se ha extendido hasta el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, convirtiéndolo en un “patrimonio en peligro”.
Durante la sesión virtual de este 15 de junio de la Comisión Delegada, la diputada electa en 2015 María Gabriela Hernández recordó además que el pueblo pemón, originario de la zona, ha sido desplazado y esclavizado en las minas que se han activado en la entidad.
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Citando un informe de la ONG SOS Orinoco, los opositores señalaron que la cantidad de puntos de extracción de minerales como el oro crecieron 78% en dos años y que la minería ilegal aumentó la deforestación de 400 a 1.200 kilómetros cuadrados. También destacaron que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evaluó a Canaima y la calificó de alerta naranja debido al “extractivismo y acción devastadora de la minería ilegal”.
Aprobaron un acuerdo en el que notificarán a la ONU y a la Unesco que el Parque Nacional Canaima está en peligro y piden a estas instancias que exijan al gobierno de Maduro presentar información. Asimismo, consignarán un informe sobre el estado del Parque ante la sesión 44 del Comité de Conservación del Patrimonio Mundial.
Por último, los opositores piden convocar a las Academias para emprender una acción conjunta ante la Unesco y que se constituya una comisión técnica para evaluar el impacto de la minería en Canaima y se establezcan mecanismos para su conservación.
Los diputados opositores electos en 2015 también aprovecharon para aprobar un acuerdo en el que reiteran su rechazo a lo que califican de persecución y criminalización a la oposición nicaragüense luego de que el gobierno de Daniel Ortega apresara a cuatro candidatos que competirían en las elecciones presidenciales de ese país.
Asimismo, manifestaron su apoyo a la oposición de ese país en “su lucha por la recuperación de la democracia”.
“Llega, cuando llega, sucia por falta de mantenimiento y de inversión”, denunció la diputada Nora Bracho asegurando que el 90% del país no cuenta con agua de manera continua y que el Zulia lleva 50 días sin recibirla por tuberías.
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Una cifra que la parlamentaria zuliana considera escandalosa tomando en cuenta que Venezuela es un país con reservas de agua dulce.
Este 15 de junio, Guaidó informó del fallecimiento de Ricardo Fernández, diputado indígena electo en 2015, con él suman tres los parlamentarios que han fallecido por COVID-19. Bolivia Suárez y Hernán Alemán son los otros dos.
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