Los Teques.- Centros electorales vacíos y ausencia de información para los electores fueron las principales matrices que destacaron este domingo 1° de diciembre, durante la consulta pública en Miranda para decidir si se transfiere o no a las comunas la recaudación y administración de los recursos obtenidos mediante la aplicación de multas establecidas en la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana.
2.161.051 electores en toda la entidad estaban convocados para este plebiscito de carácter vinculante. Los votantes estaban distribuidos en 1.890 mesas dispuestas en 825 centros de votación.
Poca información
En el eje Guarenas-Guatire fueron dispuestos 97 centros electorales: 49 en el municipio Plaza y 48 en Zamora. En un recorrido realizado por El Pitazo, se constató que los centros electorales emblemáticos de Guarenas se mantuvieron con poca afluencia de personas.
En contraparte, el casco central, así como los mercados populares a cielo abierto, ubicados en Trapichito y Los Naranjos, estuvieron tan concurridos como cada domingo, por compradores que buscaban ofertas para abastecerse de alimentos y otros productos de primera necesidad.
«Yo ni sabía que había una elección hoy. Me enteré porque la gente del Clap nos está llamando por teléfono. Yo me vine al mercadito a comprar, pero no voy a votar porque igual uno vote en contra o no vote ellos siempre ganan», señaló Adelaida Madriz, dirigente vecinal en la urbanización Doña Menca de Leoni de Guarenas.
Quienes fueron entrevistados manifestaron que la publicidad, propaganda y promoción fue «casi inexistente». De hecho, en la ciudad de Guarenas, trabajadores de la Alcaldía de Plaza pintaron murales sobre la consulta entre el lunes 25 y el jueves 28 de noviembre.
En Barlovento, el panorama fue similar. Más de 184.000 electores estaban convocados en los seis municipios que conforman esta región, pero fue poca la concurrencia de votantes.
El mismo panorama se repitió en los Valles del Tuy donde fueron abiertos con notable retraso 296 centros para que participaran 491.821 electores.
La apatía caracterizó la jornada en esta subregión, a juzgar por la poca cantidad de personas que se evidenció en las diferentes mesas instaladas, incluso en zonas donde los resultados han favorecido al oficialismo en contiendas anteriores.
Entre tanto, menos del 20% de los votantes que podía ejercer su derecho al sufragio en Altos Mirandinos acudió al llamado a la consulta propuesta por el Gobierno regional.
El voto era sólo manual y en los 80 centros dispuestos había presencia de puntos rojos a las puertas. En Carrizal y Guaicaipuro, dos municipios con gobierno del PSUV, se evidenció el manejo de recursos de ambas alcaldías para la jornada.
Fraude electoral
Durante esta última semana, diputados a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Miranda, así como dirigentes de los diferentes partidos de oposición calificaron la consulta popular como un fraude.
«Éste es otro fraude electoral para tapar su ineficiencia, para que señalen a otros como culpables de la corrupción y ellos poder lavarse las manos. Recordemos que los mirandinos y toda Venezuela rechazamos el estado comunal en 2007. Esa figura no existe en la Constitución Nacional y por ende carece de legalidad», expresó el dirigente del partido Primero Justicia, Carlos Ocariz.
En contraste, el alcalde de Ocumare del Tuy, Genkverve Tovar, calificó de histórica esta consulta. “Este en un paso agigantado que se da en lo que tanto nos encomendó nuestro comandante Hugo Chávez, que era la transferencia de competencia del poder al pueblo. Hoy nuestro pueblo mirandino, nuestros habitantes del municipio Tomás Lander, salieron a la calle a respaldar una vez más al proceso revolucionario y decirle sí al poder popular, a la comuna y a la Revolución Bolivariana”, destacó Tovar.
65 artículos
La Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana fue aprobada y sancionada por el Consejo Legislativo del Estado Miranda en diciembre de 2017 y establece en su ordenamiento jurídico un total de 65 artículos que buscan regular, promover y garantizar las bases de la convivencia ciudadana.
Las multas establecidas para las personas que violen la ley oscilarán entre 700 y 1.400 Unidades Tributarias (UT) en el caso de las personas naturales; mientras que en el caso de las personas jurídicas las multas pueden ir desde 700 a 6500 UT.
Por Rosanna Battistelli, Pola Del Giudice y Lidk Rodelo.
