Los abogados de la junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el gobernante Nicolás Maduro han denunciado que el equipo designado por el gobierno interino que lidera Juan Guaidó, ha impedido el acceso a fondos depositados en Londres que permitirían participar en el programa COVAX de vacunación contra el COVID-19, del que Venezuela quedó excluido.
En un comunicado, el bufete Zaiwalla & Co, que representa en el Reino Unido a la junta oficialista del BCV presidida por Calixto Ortega, lamenta que los abogados de la junta ad hoc del ente emisor designada por Guaidó han rechazado su petición de usar para ese fin 120 millones de dólares resultantes de una permuta de oro con Deutsche Bank.
Deutsche Bank y los administradores de los fondos, cuyo control se disputa en un litigio en curso, requieren la aprobación de los representantes de Guaidó para liberar el dinero, que la junta de Ortega asegura que sería enviado directamente a la alianza internacional de vacunas Gavi, que gestiona el mencionado programa.
«Los fondos deberían ser usados para el beneficio del pueblo de Venezuela y la intransigencia de los representantes de Guaidó está obstaculizando de manera crítica los intentos del país de responder a la pandemia de COVID-19», ha declarado Leigh Crestohl, socio de Zaiwalla & Co.
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En respuesta a esta alegación, una portavoz del despacho que representa a la junta auspiciada por Guaidó, Arnold & Porter, se remitió este miércoles al comunicado emitido recientemente por Miguel Pizarro, comisionado del líder opositor ante la ONU, donde negaba que exista un bloqueo que impida comprar vacunas para combatir el COVID-19.
Esta noticia se conoce mientras se espera que el Tribunal Supremo británico atienda un recurso elevado por la representación de Guaidó sobre quién tiene autoridad para gestionar los activos venezolanos custodiados en el Reino Unido, que incluyen 31 lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra.
El martes, el Parlamento oficialista pidió la «liberación» de los recursos del Estado «retenidos» en bancos del mundo debido a sanciones extranjeras contra el gobierno de Maduro, con el objetivo de poder comprar las vacunas contra el COVID-19.
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El gobierno de Maduro, que ha reportado 120.444 pacientes contagiados y más de un millar de muertes desde que se inició la pandemia, anunció en diciembre un acuerdo con Rusia para la compra de 10 millones de la vacuna Sputnik V y espera empezar a vacunar a sus habitantes durante el primer trimestre del año.
Ante el conflicto político en Venezuela el gobierno británico, a diferencia de la Unión Europea (UE), mantiene su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela, un posicionamiento que es clave en la resolución de los juicios por los activos que se dirimen en el Reino Unido.
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