Cumaná.- En el pliego entregado por la masa obrera en febrero de 2019 se solicitó el cese de las prácticas antisindicales que aplica el gobierno de Edwin Rojas y la anulación del proceso de jubilación efectuado por la Gobernación de Sucre en julio 2018. También exhortaron al Ejecutivo regional a que se ponga a derecho con la Constitución y con el ordenamiento jurídico del país, a fin de que repare el daño patrimonial causado al personal activo y jubilado que depende del gobierno de Sucre.
La mañana del jueves 11 de julio, un grupo de trabajadores dependiente del Ejecutivo regional, en compañía de la directiva del Sindicato Único de Empelado Públicos del Estado Sucre (Sueples), acudió a la Inspectoría del Trabajo en la capital del estado Sucre, a buscar repuesta a la solicitud de eliminación de las tablas salariales realizada ante este organismo y se encontraron con que faltaba en el documento las firmas de los trabajadores jubilados.
Una comisión del sindicato Sueples fue recibida por funcionarios de la Inspectoría, quienes informaron que la denuncia realizada semanas atrás antes este organismo fue rechazada: requieren una autorización de los trabajadores jubilados.
A su salida de la sede de la Inspectoría del Trabajo, en la calle Bermúdez de Cumaná, Ramón Gómez, secretario general de Sueples, señaló que los obreros y empleados dependientes de la Gobernación del estado Sucre pasan hambre y viven en la miseria ante los bajos sueldos y salarios que perciben. Asegura que debido a la constate violación de las contrataciones colectivas por el Gobierno, más de 33.000 obreros y empleados dependientes de la gobernación regional reciben unos «sueldos miserables«.
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Sostiene que aproximadamente 9.000 jubilados y 27.540 trabajadores activos de la gobernación de Sucre se ven afectados. “No solamente están perturbados los trabajadores, también su núcleo familiar y la economía de la región”, refiere.
El tesorero del sindicato Sueples, Gregory Lunar, dijo que las solicitudes tienen base en las prácticas antisindicales que ejecuta el ejecutivo regional. Desde agosto de 2018 se emitieron decretos presidenciales con el fin de aplicar unas tablas escalas salariales injustas a los trabajadores, expuso.
Lunar sostiene que solicitan que el gobierno restituya las escalas salariales, la homologación para el personal jubilado y que se discuta la contratación colectiva.
«Los trabajadores del ejecutivo regional estamos desasistidos en los servicios médicos. El salario que ganamos no alcanza para mantener nuestros hogares», acotó el sindicalista.
Ante el rechazo de la Inspectoría del Trabajo, un grupo de extrabajadores de la Gobernación de Sucre inició la recolección de las firmas para otorgarle un poder al sindicato Sueples y que los defienda.
«Estamos cansados de que nos humillen. Los sueldos y salarios que ganamos no alcanzan para comer. Necesitamos respuesta al documento que introdujimos ante la Inspectoría del trabajo«, gritó una extrabajadora de la gobernación.
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