Por: Nehomaris Sucre
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) informó que 11 defensores de los derechos ambientales han sido asesinados por funcionarios de la Fuerza Armada entre los años 2013 y 2021. También reseña que otros 21 activistas fueron asesinados por sicarios mineros.
Otro dato importante que indica Odevida es que en el país se registraron 80 casos de violencia y represión contra defensores del medioambiente. Según la ONG la situación de violencia se extiende en general a la población civil habitante de zonas afectadas por la minería extractivista.
Este turbio panorama también fue objeto de análisis en el informe sobre el control criminal de la región minera que publicó la Organización de las Naciones Unidas en 2020. De acuerdo a la ONU, en el Arco Minero del Orinoco grupos delictivos conocidos como «sindicatos» controlan un gran número de operaciones mineras, aplican violencia y recurren a prácticas de corrupción y soborno en las que están involucrados militares.
El año pasado Nicolás Maduro creó la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef), adscrita al ministerio de Defensa. Dicha zona comprende parte del Arco Minero.
El decreto que establece la Zeemdef es alarmante, pues no excluye el ejercicio de actividades como la minería, en un territorio en el que existe una enorme cantidad de especies de flora que pueden verse perjudicadas por estas prácticas.
Uno de los objetivos de esta Zona Económica Especial Militar, según el artículo 1 de su decreto de creación, es “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.
En este sentido, el rol de la Fanb en esa zona va quedando reducido a la explotación de recursos, pese a los problemas socioambientales ahí existentes. De esta forma, las empresas militares se benefician de las reservas forestales de Venezuela, mientras el medioambiente sufre los embates y persisten las denuncias de presencia de bandas criminales.
Así van transformándose las tareas de resguardo de la soberanía y del territorio, asignadas por la Constitución a la Fuerza Armada, hasta derivar en el simple ejercicio empresarial, sin que exista adecuado control de esto por parte de los ciudadanos.
Dicho de otro modo, Nicolás Maduro está destinando una cantidad desconocida de efectivos y equipos de la Fanb a la explotación de madera, en lugar de emplearlos para combatir la minería ilegal y los grupos delictivos. Esto evidencia la escalada del modelo de Estado impulsado por el chavismo, en el que las instituciones pierden progresivamente su sentido original, dejando de orientarse hacia el bien común, para estar acopladas a los intereses de la élite dominante.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
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