Hace 20 años, en 1999, Hugo Chávez presentó a la Asamblea Nacional Constituyente entre varios decretos, uno que calificaba la emergencia legislativa y a través del cual, en la práctica, logró suspender las funciones del Congreso de la República, entonces bicameral.
Según el Dr. Allan Brewer Carías, quien para ese momento era constituyente, aquella decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 violentó las bases comiciales y los propios tratados vigentes, pero pudo más la fuerza del populismo que el peso del argumento jurídico. Aquel agosto de 1999, la sociedad venezolana experimentó el cierre técnico del Congreso de la República.
Recordemos que en agosto de 1999 la Asamblea Constituyente mediante Decretos de emergencia asumió el control político de todos los Poderes Públicos del Estado Venezolano; precisamente, el Congreso de la República se resistió y entonces, aquella constituyente llegó a dictar otro Decreto, mediante el cual asumía todas las funciones del Congreso de la República cuando este, en el marco de sus funciones reguladas, se negare, retardare o intentare incumplir con su tarea bajo el mandato de la constituyente.
Aquel Congreso no pudo sesionar nuevamente sino hasta finales de 1999, cuando ya había una propuesta de reforma constitucional en proceso de discusión en la calle; pero tampoco logró a través de sus diputados y senadores convocar a sus electores en defensa del Poder Legislativo y de la voluntad expresada por el voto de los electores a la hora de elegir a los diputados y senadores de aquel Congreso.
En consecuencia, aquella Asamblea Nacional Constituyente logró cerrar técnicamente al Congreso, impidiendo el ejercicio de sus funciones sin llegar a disolverlo formalmente, pero sí anulándolo como actor político.
En ese momento, el chavismo reconocía el valor político que podía tener el parlamento, y, a través de Aristóbulo Istúriz, advertía que el Congreso como foro político podía convertirse en una “trinchera” para enfrentar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, y en consecuencia, los medios de comunicación registraron a Istúriz diciendo que eso no podía permitirse.
Pues 20 años después, el parlamento venezolano, ahora unicameral, ha demostrado ser una verdadera “trinchera” para la defensa irrenunciable de la vigencia del orden constitucional y democrático de Venezuela.
Desde que en el 2015 el chavismo perdió por primera vez el control de la Asamblea Nacional, el régimen, que siempre ha despreciado la democracia, ha utilizado, o debemos decir, ha manipulado todos los mecanismos legales posibles para intentar someterla, ignorando el principio de separación de poderes y por supuesto, la voluntad legítima de los electores.
En ese intento sistemático, la Asamblea Nacional se ha resistido a lo largo de estos años a someterse a la voluntad política de una supuesta Constituyente, como en su momento expresamente lo hicieron los otros poderes públicos del Estado.
No estamos en 1999, y prueba de ello es que la supuesta Constituyente no ha podido utilizar la misma formula de 1999 para anular las funciones de esta Asamblea Nacional, y tampoco pudo el Tribunal Supremo de Justicia, cuando intentó arrebatarle sus funciones.
No hay que perder de vista que en febrero de 2019, Nicolás Maduro llamó a la supuesta Constituyente a movilizar a sus seguidores en cabildos abiertos -calificados de bolivarianos, como era de esperarse- y cuya finalidad era consultar la decisión de adelantar las elecciones parlamentarias, propuesta que nuevamente hace pública en mayo de 2019.
Es importante reiterar que no estamos en 1999; en consecuencia, el régimen usurpador no tiene la capacidad financiera, y menos aún el respaldo de la mayoría chavista, para derrochar propaganda mediática capaz de crear una percepción sobre su capacidad para movilizar seguidores, como ocurría en el pasado, en ocasión de conformar consejos comunales, comunas, e incluso cuando se trataba de las actividades de la escuela de formación del poder popular.
Por otro lado, hay que recordar una y otra vez que a diferencia de 1999, esta Constituyente de 2019 carece de fuerza política y jurídica, pues desde su elección ha estado fuera del marco constitucional y democrático. Y ahora que se ha autoextendido su vigencia de manera unilateral, menos creíble resulta su propia existencia, principalmente para la mayoría de los seguidores del chavismo.
Entonces, ¿puede una supuesta Constituyente adelantar unas elecciones parlamentarias, como aspiraba en febrero 2019 el usurpador Nicolás Maduro?
La respuesta categórica es NO, y en ese sentido, el diputado Juan Miguel Matheus ha expresado tres razones por las cuales no es viable esa aspiración del usurpador Maduro, a saber: 1.- El período legislativo para el cual fueron electos vence el 4 de enero de 2021; 2.- No se ha dado el único supuesto constitucional para la disolución del parlamento; 3.- No existe un Presidente legítimo con autoridad para proceder a la disolución.
Nuevamente, 20 años después, el argumento jurídico se enfrenta a la razón política. Pero ahora, en 2019, hay un ingrediente adicional que marca una diferencia cualitativa y significativa frente a los hechos de 1999, que no puede ser subestimado y menos aún ignorado; esa diferencia está representada en la fuerza, coraje y determinación de la sociedad civil venezolana de restaurar el orden constitucional y democrático en Venezuela.
La indiferencia de la sociedad civil en 1999, que sin duda alguna facilitó el cierre técnico del Congreso de la República, quedó atrás, hoy no existe. En consecuencia, los artículos 333 y 350 vuelven a convertirse en dos razones constitucionales y legítimas para que la sociedad civil, con coraje y valentía, determinación y compromiso, conserve la expresión de la soberanía a través de una nueva jornada de cabildo abierto a los fines de respaldar y acompañar a la Asamblea Nacional en la resistencia al régimen usurpador.
El objetivo de estas nuevas jornadas de cabildo abierto debería ser, además de movilizar, expresar el respaldo al valor político de la Asamblea Nacional, apoyar a los diputados democráticos y reiterar la vigencia del artículo 350 si el régimen usurpador intenta adelantar las elecciones de manera fraudulenta.
Pero además resulta una oportunidad para enviar un nuevo mensaje a la Fuerza Armada Nacional para que asuma el respeto a la Constitución y contribuya con el cese de la usurpación, demostrándoles a través del mensaje nuestra capacidad organizarnos y de conservar los históricos cabildos abiertos como espacios al servicio de la restauración de la democracia y del orden constitucional.
¿Está en riesgo la Asamblea Nacional? Depende de nosotros como sociedad civil. Respaldarla es un deber de quienes están en Venezuela y de aquellos que son parte de la diáspora venezolana.
