Barquisimeto.- Según la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto, 248 venezolanos han sido asesinados en manifestaciones entre 2013 y 2019. En 2017 se registró el mayor número de víctimas de la violencia estatal y paraestatal en el país en ese contexto, con 157 muertes.
“Ese año comenzó la represión más cruenta que haya visto el estado Lara. La represión cobró la vida de 22 personas entre abril y julio de 2017. El 11 de abril cayó el adolescente Brayan Principal”, declaró el coordinador de la ONG, Manuel Virgüez, en el acto de las sillas vacías, realizado este jueves, 11 de abril, en la plaza Macario Yépez de Barquisimeto.
La sociedad civil elevó un rosario en memoria de los caídos. “No hay la misma equidad para la investigación de los casos de los opositores que para la de los que simpatizaban con el Gobierno”, explicó el abogado al recordar que ningún implicado ha sido detenido y los expedientes siguen engavetados.
Advirtió que las órdenes de captura libradas por los casos de Tony Canelón y Manuel Sosa no se han ejecutado y los cuerpos de seguridad del Estado han ocultado información para encubrir a quienes accionaron las armas contra Nelson Arévalo y el resto de las víctimas.
“La justicia es nuestra primera bandera como organización de derechos humanos. Esperamos que en algún momento los responsables paguen y sea redimido el daño ocasionado y la garantía de no repetición. Venezuela tiene que avanzar más que hacia una ley de amnistía, a una ley de justicia transicional que no favorezca la impunidad”, consideró.
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El 25 de mayo se cumplen dos años del asesinato de Manuel Sosa en Valle Hondo. Miguel, su padre, contó que todavía claman por justicia para su hijo y todas las víctimas de la represión.
El militar Johnnuar Arenas sería el homicida, y en lugar de ser arrestado, fue ascendido a capitán de la Guardia Nacional. “Hirió a mi hijo en el tórax, quien horas después murió. Arenas tiene orden de captura, pero no se ha llevado a cabo. En todos los casos han tardado en buscar la verdad”, sostuvo.
Los padres de Sosa despidieron recientemente a su nieto, el retrato de Manuel, porque la mamá del niño emigró en busca de mejores oportunidades. La única hija de Miguel Sosa también se fue del país y por estas fechas él y su esposa se sienten desolados.
Un disparo desde las oficinas del Saime de El Ujano le arrebató la vida al estudiante universitario Nelson Arévalo en junio de 2017. Su hermana mayor, Yexary, relató que aún no tienen un rostro o nombre de los funcionarios públicos que mataron al joven.
“Vamos todas las semanas a la Fiscalía Sexta, aunque el caso no debería estar allí porque tiene competencia en delitos comunes. No nos han dado respuesta sobre los efectivos que estaban destacados dentro del Saime. La indignación comenzó desde que trataron de cambiar la versión de los hechos. Mis padres y yo seguimos insistiendo en los órganos de justicia porque queremos sentar un precedente, aunque la investigación siga estancada”, detalló.
“En 20 años ha reinado la impunidad y la violencia contra la ciudadanía. Hemos visto la actuación de los grupos estatales y paraestatales, como el caso de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y los paramilitares progobierno, que ya ha sido objeto de escrutinio y rechazo por parte de la comunidad internacional”, agregó el coordinador de Movimiento Vinotinto.
El abogado señaló que en las protestas por servicios básicos desencadenadas luego del apagón general del 7 de marzo, han contabilizado dos asesinatos en Lara.
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Virgüez también se pronunció por la visita que prepara Michelle Bachelet a Venezuela. “Quiero reconocer el trabajo hecho por el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que estuvo en el país. El informe que será presentado en la sesión de septiembre del Consejo de Derechos Humanos será contundente. Ahora, exhortamos a Michelle Bachelet a que también se reúna con la sociedad civil”, dijo el abogado.
Asimismo, el representante de la Red de Instituciones Larenses, Maximiliano Pérez, aseguró que confían en la imparcialidad de los resultados del informe que confirma la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
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