La Red de Derechos Humanos del estado Lara se sumó a una jornada de protesta nacional para solidarizarse con Azul Positivo. Cinco activistas de esa organización humanitaria están privados de libertad por supuesto manejo fraudulento de tarjeta inteligente y otros presuntos delitos | Foto: Liz Gascón
Barquisimeto.- La Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) exhortó al Consejo Legislativo de la zona (Clel) a abrir una investigación sobre las violaciones de derechos humanos y la actuación de los colectivos armados en manifestaciones de la sociedad civil, en lugar de criminalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El Clel designó una comisión especial para averiguar las fuentes de financiamiento de las ONG, señaladas de promover violencia durante las protestas. La designación ocurrió en la sesión ordinaria del 19 de enero, a petición del diputado Saúl Osío, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Defensores de las 18 organizaciones que integran la Redhelara protestaron este miércoles, 20 de enero, en Barquisimeto, en rechazo a la persecución contra las ONG y para exigir la liberación de los cinco activistas de Azul Positivo detenidos en el estado Zulia.
“La acción humanitaria no es delito” es la consigna que alzaron las organizaciones a las puertas de la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP).
“Nosotros queremos decirle a este grupo del Consejo Legislativo que en el estado Lara hay graves problemas. Es una de las entidades federales donde se cometen más ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)», dijo a El Pitazo el coordinador de la Redhelara, Nelson Fréitez.
Al extenderse sobre los problemas del estado, Fréitez destacó: «En esta región la desnutrición infantil y la deserción escolar van en aumento y las autoridades han aprobado el incremento de tarifas de servicios básicos que están entre las más caras del país. Hay mucho que investigar en materia de derechos humanos”.
El activista llamó a los diputados a revisar su agenda de prioridades. Recordó que en Lara se disparó la letalidad policial durante la gestión de Carmen Meléndez en la Gobernación, quien fue designada ministra de Interior y Justicia en octubre de 2020. Indicó además que 4 de cada 10 asesinatos registrados en la entidad en el primer semestre de 2020 los cometieron funcionarios de seguridad del Estado, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) capítulo Lara.
“Vamos a seguir. Nuestros rostros son públicos, son conocidos y los organismos de seguridad saben incluso dónde vivimos. Nosotros no hacemos ninguna labor subversiva ni tenemos una agenda oculta”, sostuvo Fréitez.
Para el abogado Henderson Maldonado, miembro de Movimiento Vinotinto, el Gobierno los hostiga por documentar y visibilizar las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que se profundizó tras la llegada de la pandemia.
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“No es un delito defender derechos humanos. Como organizaciones de derechos humanos estamos haciendo una labor que es incansable, dándoles voz a las víctimas porque las violaciones no pueden quedar impunes. No estamos realizando ningún acto que vaya contra las leyes. Nuestro único delito para el régimen es mostrar al mundo lo que se vive en el país”, comentó Maldonado.
La Redhelara solicitó al Sistema de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria un pronunciamiento a favor de las organizaciones que asisten a las poblaciones vulnerables y exigió el cese de la criminalización y los ataques por parte del Gobierno.
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