El doctor Ángel Peña estaba jubilado, pero seguía asistiendo al Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora para atender a los pacientes | Foto: Cortesía Ministerio de Salud (Archivo)
Carora.- Asciende a 17 el número de trabajadores del sector salud fallecidos con criterios para COVID-19 en Lara, según cifras de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela (MUV). El anestesiólogo Ángel Peña, de 68 años de edad, es el onceavo médico que muere a consecuencia del virus en el estado. El 13 de enero sufrió un paro respiratorio en su residencia.
Los familiares del doctor no encontraron una bombona de oxígeno, una ambulancia, ni un vehículo con gasolina para llevarlo a una emergencia o al centro centinela de Carora, donde lo estabilizaron el día anterior por presentar un cuadro de asma, su enfermedad de base.
Ángel Peña trabajó en el Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora por más de 40 años. Aunque le otorgaron la jubilación hace dos años, prestaba servicios ad honorem en el centro asistencial. Allí se ganó el afecto de pacientes y colegas que lo recuerdan como un médico abnegado y humanitario.
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Sus seres queridos afirmaron que Peña tuvo un desenlace trágico por falta de atención médica en el sistema de salud pública al que le dedicó su vida. «Él no falleció por coronavirus sino porque no le prestaron los auxilios necesarios (…) Lo catalogaron de COVID-19 inmediatamente, en el hospital de Carora no lo aceptaron porque el director dijo que no tenían las condiciones para recibir a personas asmáticas y lo trasladaron a un centro centinela. Le pusieron oxígeno y lo devolvieron a su casa», denunció a El Pitazo su sobrina Selene Carrasco. Igualmente, señaló que su tío solía tener broncodilatadores en el bolsillo porque padecía de asma. Entre el 11 y 12 de enero se agudizó la disnea. «Él lo que necesitaba era que lo nebulizaran y que le pusieran oxígeno para mejorar», reiteró.
Aunque en el acta de defunción incluyeron la sospecha de COVID-19 entre las causas de muerte, las autoridades no facilitaron el traslado del cuerpo de Peña hasta el crematorio, ubicado en Barquisimeto. Peña fue sepultado en una fosa abandonada en el cementerio de Aregue. El personal del camposanto alegó que no contaba con los implementos abrir la que le pertenecía a su familia o la de una amiga y colega que ofreció la suya.
«Nos dijeron que no tenían tiempo ni herramientas para quitar el granito de las fosas. Pedían cincuenta bloques, dos tobos de agua, cemento y otro hueco después de que la alcaldía se había comprometido con el entierro. En Aregue no había transporte y mi familia no tenía gasolina para decir que iba a una ferretería a comprar todo», sostuvo. El director del hospital de Carora, Ángel Chirinos, resolvió con una parte de los materiales que no alcanzaron para cubrir la urna.
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Carrasco lamentó que a su tío no le garantizaron atención hospitalaria ni un entierro digno. «Hasta la sepultura fue un caos. Las condiciones para darle un entierro digno estaban, pero no hubo coordinación entre las autoridades. El cuerpo pasó cinco horas llevando sol y lo pusieron en una fosa de solo un metro de profundidad. La idea era traerlo a Barquisimeto, entonces según la alcaldía ellos no podían trasladarlo sin un servicio funerario. Hablamos con el Cementerio Metropolitano para la cremación y nos explicaron que cuando el acta de defunción decía sospecha COVID-19 el traslado le correspondía a la alcaldía. Nos pelotearon», añadió la sobrina del médico.
Por otra parte, relató que dos hijos de Peña debieron encargarse de depositar la urna en la fosa por el miedo de los trabajadores de contagiarse de coronavirus. «Los hijos se encargaron de enterrar a su papá y tratar de tapar las ranuras. Los trabajadores no querían tocar la urna», precisó Carrasco tras descartar que existieran evidencias de que su tío tenía COVID-19. «Él era asmático», subrayó.
La familia del doctor Ángel Peña teme que la descomposición del cuerpo se acelere en vista de que algunas partes del ataúd quedaron expuestas. Igualmente, les preocupa que los restos del médico anestesiólogo sean mudados, ya que es incierto quién es el propietario de la fosa que tomó la Alcaldía de Torres para no retrasar más la sepultura.
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