En el Día Nacional del Abogado, familiares de reclusos tomaron el Circuito Judicial Penal del estado Lara para denunciar presuntos hechos de corrupción y exigir celeridad en los procesos. Foto: cortesía Karina Peraza
Barquisimeto.- Familiares de reclusos tomaron este miércoles 23 de junio la sede del Circuito Judicial Penal del estado Lara, ubicada en Barquisimeto, en rechazo a los presuntos cobros en dólares de jueces y fiscales para que se materialicen audiencias, traslados o excarcelaciones; exigir traslados de los presos enviados a cárceles foráneas de Carabobo, Aragua y Bolívar, y para denunciar el retardo procesal.
En la protesta, realizada el Día Nacional del Abogado, participaron integrantes del Movimiento de Derechos Humanos Aguas de Moisés y la Asociación Civil Las Mercedes, organizaciones defensoras de los privados de libertad.
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“Tenemos muchachos nuestros que están en libertad, pero los jueces corruptos nos dicen: “tú quieres llevártelo mañana, consíguenos 500 dólares”. Esto puede llamarse tribunales, pero aquí es la casa donde se vende justicia. Si usted tiene dinero es inocente aunque sea culpable y si no tiene es culpable aunque sea inocente”, declaró Joel Hernández, padre de un recluso que en cuatro años ha estado en tres cárceles, dos de ellas fuera de Lara, donde radica su causa.
El diputado del Consejo Legislativo del estado Lara (Clel) y dirigente de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), Jesús Superlano, advirtió que los reclusos y sus parientes son sometidos a malos tratos en tribunales. Igualmente, aseguró que ha recibido denuncias de presuntos cobros ilegales para agilizar trámites, activar el sistema o fijar audiencias.
“Hasta para sacar una copia les piden diez dólares (…) Para el traslado tienen que pagar la gasolina bachaqueada y muchas veces no los trasladan. Han perdido sus vehículos, sus casas y la vida para ver a su familiar en libertad y no ha sido posible”, sostuvo.
Según Superlano, en Lara hay más de 300 reclusos que esperan juicio desde hace cinco años. Es el caso del hijo de Wilimar Andrade, detenido y enviado al Internado Judicial de San Felipe, capital de Yaracuy, por una averiguación en 2016. Desde entonces, solo ha tenido dos audiencias: preliminar y de presentación.
“Quiero solicitar que nos ayuden por lo menos con un transporte para que les den la cara, porque nunca nos atienden”, dijo Andrade.
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Las autoridades judiciales se reunieron con dos comisiones de familiares para atender sus reclamos al cierre de la protesta.
Los familiares claman por celeridad en el sistema para solicitar cómputos, libertades o introducir escritos. «»No hay sistema» es la excusa más frecuente del retardo judicial», señaló en Twitter el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre la toma en Lara.
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