Maracaibo.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó el pasado 18 de diciembre una nueva actualización de su informe. En este nuevo papel de trabajo la funcionaria denunció la situación de los derechos humanos en el estado Zulia y destacó las fallas en los servicios públicos.
“Continúan las fallas de los servicios públicos. Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua”. Esto lo precisa el informe. El párrafo lo destaca la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
“Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos y zulianas han migrado al extranjero o a la capital del país”.
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Con estas especificaciones y consideraciones, se demuestra que la crisis en Zulia golpea fuerte y que hace que los zulianos la padezcan en un grado mayor al del resto de las regiones. De acuerdo con el informe, “es un llamado de atención a los países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a las agencias de la ONU, a considerar la afectación especial del Zulia en el contexto de la emergencia humanitaria de Venezuela”, de acuerdo con una nota que distribuyó Codhez.
Es justamente Codhez la comisión que se ha dedicado a defender y documentar “el empeoramiento de las condiciones de vida de los zulianos. El año 2019 ha estado marcado por los apagones y racionamientos eléctricos, que superan las 12 horas al día; la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, que agrava la creciente inseguridad alimentaria; así como las irregularidades en la distribución del servicio de agua potable, que, en promedio tarda más de un mes en llegar a los sectores. A esto se le suma el pronunciado problema del despacho de combustible en la región, que se ha agudizado en el último trimestre del año”.
La Comisión lo destaca como “sumamente valioso para visibilizar la situación de los zulianos y seguir generando incidencia en el Estado venezolano para que se tomen las medidas necesarias que ayuden a solucionar las fallas de servicios públicos y garantizar el respeto y protección a los derechos humanos de la población”.
