Por: María Virginia Corona
Sur del Lago.- Boscán, una comunidad de pescadores ubicada en la parroquia Gibraltar del municipio Sucre, al Sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, se cansó de los abusos y atropellos de quienes los amedrentaban e intentaban extorsionarlos.
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Los responsables: tres efectivos de la Guardia Nacional (GN), entre ellos un capitán.
Todo comenzó la madrugada del lunes 29 de abril, cuando pescadores, miembros de cooperativas y pobladores del sector encerraron a tres efectivos de la Guardia Nacional, quienes vestidos de civil y portando armas de reglamento, amedrentaban y extorsionaban a los habitantes de la zona.
El pago de la “vacuna” debía ser cancelado en dólares en efectivo. Los pescadores, enardecidos ante la exigencia, decidieron encerrarlos y dar parte a los funcionarios policiales.
Desconfianza
Una comisión del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) recibió la denuncia y se presentó en el lugar para efectuar la detención de los presuntos extorsionadores.
Sin embargo, ante la desconfianza de que fueran puestos en libertad sin el debido proceso por su condición de funcionarios militares, la población no accedió a entregarlos hasta tanto se nombrara una comisión conformada por concejales de municipio Sucre, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).
Guardias y extorsionadores
Los implicados fueron identificados como Janiel Lucena Alvarado, de 34 años de edad, capitán de la Guardia Nacional y comandante del puesto de la GN de El Batey, municipio Sucre, estado Zulia.
Lucena portaba dos armas de fuego: una pistola marca Beretta, calibre 9 mm y otra marca Sigsauer, calibre 9mm, con insignias de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
El sargento primero de la GN, Enyerbert José Jaime, de 28 años de edad, y el sargento segundo de la GN, Jesús Navas Arroyo, de 31 años de edad, también resultaron detenidos por este hecho.
Los implicados, el armamento y dos camionetas quedaron a la orden de la Fiscalía XXI, a cargo del fiscal Leonar Urdaneta, para recibir el debido proceso legal.
