Este lunes, 20 de abril, la Red de Derechos Humanos del estado Lara –que agrupa a más de 30 organizaciones sociales– publicó un comunicado en rechazo al decreto 4039 aprobado por la gobernadora Carmen Meléndez que prohíbe por tiempo indefinido la circulación peatonal y vehicular y las actividades comerciales entre las 2:00 pm y 7:00 am a causa de la pandemia por COVID-19.
Para el sociólogo Nelson Fréitez, profesor de la cátedra de derechos humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y coordinador de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, la última medida implementada por las autoridades regionales durante la cuarentena no responde a las necesidades insatisfechas de la población forzada a salir de sus casas en busca de agua, gas doméstico, leña, combustible y alimentos.
Fréitez considera que la decisión deriva en persecución y redadas.
“El decreto 4039 establece una serie de restricciones para el libre tránsito de personas y vehículos que genera impedimentos y afectaciones en el ejércicio pleno de los derechos humanos de la población. Estamos recibiendo denuncias de detenciones masivas y castigos corporales contra las personas. Los cuerpos policiales y militares que les corresponde aplicar este decreto tienen una práctica consuetudinaria de maltratos a la población y uso desproporcionado de la fuerza. Ahora que se le da todo el poder de castigar, lo están haciendo”, explicó.
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70% del tiempo diario confiscado
El conjunto de organizaciones sociales que suscribe la declaración califica como autoritario el decreto 4039 ya que se reduce al confinamiento de la población y el control de los cuerpos de seguridad del Estado “con bajos estándares de respeto a los derechos humanos”.
“Un decreto que exclusivamente se dirige a restringir la movilidad de la población durante casi 70% de su tiempo diario, sin ofrecer alternativas de atención tanto a poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad, adultos mayores, infancia en desnutrición, privados de libertad, personas en situación de calle, como al conjunto de la población carente de servicios básicos, no podrá cumplir con los propósitos que se planteó”, señala.
La reducción del horario de atención al cliente de las ventas de alimentos y farmacias, agregó Fréitez, propicia las aglomeraciones que deberían evitarse porque las personas tienen menos tiempo para hacer las compras en un día.
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Detención indefinida y multas
La Red de Derechos Humanos del estado Lara denuncia que el artículo décimo primero del decreto establece detención por tiempo indefinido a quienes incumplan con las restricciones sino cancelan multas de 100 a 500 unidades tributarias. En la declaración solicitan que estas cláusulas sean eliminadas.
También emplazan a las autoridades a informar el lapso de vigencia del decreto, asegurar servicios básicos a la población para que tengan condiciones seguras para mantenerse en sus casas. Asimismo solicitan que se publiquen los requisitos para la entrega de salvoconductos en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) y que autoricen la circulación de trabajadores de organizaciones humanitarias que brindan servicios directos a grupos vulnerables después de las 2:00 pm.
