Punto Fijo.- «Se nos está yendo la vida conectados a una máquina», fueron las palabras de Jesús Zea, un joven habitante de la Península de Paraguaná, que tiene 22 años y que desde los 19 es paciente renal. Aunque cuenta con su donante, Zea no ha podido operarse porque el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las operaciones de trasplante y es una intervención que Zea no puede costear ni vendiendo todos los bienes de su familia.
En Paraguaná hay dos unidades de diálisis adscritas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), una de ellas es la que está ubicada en el hospital Doctor Rafael Calles Sierra, principal centro de salud de la península, en donde son atendidos 48 pacientes. Esa unidad tiene cuatro semanas sin aire acondicionado y debido a ello han tenido que reducir las horas de diálisis.
«De cuatro horas, pasamos a tres y luego a dos y media para dejar el espacio por si llega un paciente con covid y debe ser atendido solo. La vida se nos está yendo pegados a una máquina que ni siquiera nos hace el tratamiento completo», dijo Zea. Aunque han hecho las solicitudes respectivas, no han tenido respuestas del gobierno regional.
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El equipo de El Pitazo solicitó información vía telefónica con el director del centro asistencia, doctor Julio Chirinos, pero no se obtuvo respuesta. Las denuncias y las historias las contaron quienes acuden día a día al lugar para dializarse.
Zea, junto con otros pacientes renales, emprendió la campaña «Juntos por un Trasplante», para buscar la manera de recibir ayuda y que las 40 personas que esperan por esta importante intervención quirúrgica sean operadas. Asegura que el alto costo no permite hacerlo de forma privada ya que el precio puede llegar a los 70.000 dólares y se necesitan al menos 1.000 dólares para costear los gastos de las pruebas de compatibilidad.
Según los números que lleva el grupo de pacientes, unas 300 personas reciben diálisis en Paraguaná y aunque 40 son candidatos para trasplantes, no han tenido las respuestas que requieren y siguen en lista de espera desde hace cuatro años, cuando el plan fue suspendido en todo el país.
Calamidades y poca atención
Estos pacientes tampoco reciben los medicamentos diarios. En el caso de las vitaminas, solo les entregan para tres sesiones del mes. «Tenemos máquinas con veinte años de operatividad, cuando les pedimos que reparen alguna hay que esperar que el seguro lo autorice de Caracas o de lo contrario no tenemos esperanza. No se puede jugar con la vida de un enfermo de esta manera, por eso estamos enfocados en que se hagan los trasplantes para sacar de las máquinas a aquellos que puedan hacerlo», expresó Zea.
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En la región tampoco hay especialistas en el área, lo que hace aún más difícil la situación de los pacientes renales. La capacidad instalada que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro no asegura que todos sean atendidos en la ciudad donde habitan, por eso 250 de ellos viajan a Coro, capital del estado Falcón, para poder hacerse el tratamiento, un viaje que los desgasta aún más.
