Seis horas caminaron campesinos de Cerro Negro, sector Tierra Fría, en Bolívar-Yaracuy para enterrar a hombre que murió infartado | Foto: Extraída de la cuenta de Facebook de Mary Moreno
San Felipe.- El defensor de los Derechos Humanos y miembro de la ONG Campo, Pedro Hernández, criticó la persecución que desde el miércoles, 18 de noviembre, mantienen funcionarios de la Alcaldía de Bolívar, en el estado Yaracuy, contra un grupo de campesinos que trasladó en camilla el cadáver de un hombre, luego de conocer que la ambulancia asignada al municipio no tenía gasolina. El hecho se registró en Cerro Negro, del sector Tierra Fría.
Hernández destacó a El Pitazo, este martes 24 de noviembre, que el funcionario Óscar Ramírez, coordinador de Atención Social por el señalado ayuntamiento, presuntamente amenazó por la radio con «aplicar el peso de la ley» a los campesinos que expusieron un cadáver que tenía 12 horas de muerto.
El defensor de los derechos campesinos, a través de la cuenta de Twitter @CAMPO_ong, hizo un llamado a la Defensoría Pública para que se pronuncie porque como defensores de los derechos humanos deben velar por la integridad de los campesinos de Cerro Negro, sector Tierra Fría.
«Como organización nos sentimos sumamente preocupados, ya que intentan politizar la situación acontecida con la muerte del campesino Simón Caro y catalogar al grupo de campesinos como enemigos del gobierno, pues son personas humildes», dijo.
LA LEY CONTRA EL ODIO: UN INSTRUMENTO PARA LEGALIZAR LA CENSURA Y LA PERSECUCIÓN
Pedro Hernández comentó que no es la primera vez que en el municipio Bolívar se registra un caso de persecución política contra el campesino.
Resaltó que varios campesinos han sido víctimas de amenazas y chantajes de parte de funcionarios públicos, entre ellos, el campesino Mario Reinozo, del sector Quebrada Honda, a quien por sus ideales políticos lo excluyeron de algunos beneficios sociales y en el poblado Los Candelitos, la entrega de las ayudas sociales son aparentemente selectivas.
Asimismo, explicó que en el caserío Los Vacos, después de las elecciones parlamentarias de 2015, varias familias fueron amenazadas con suspenderle los beneficios sociales por los resultados obtenidos en la consulta popular.
Desde el año 2018, las Naciones Unidas hizo una Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y de las Personas Rurales.
La ONG Campo solicita la activación del documento legal que ampara a los campesinos para defender a los afectados del municipio Bolívar, a quienes les vulneran sus derechos por el hecho de trasladar el cadáver de un compañero que murió infartado hasta la morgue del hospital local, pues la ambulancia no contaba con gasolina y, posteriormente, llevarlo al cementerio tras no recibir apoyo por parte de la Alcaldía del municipio Bolívar.
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