Un grupo de los 600 migrantes venezolanos que espera por un vuelo humanitario, fueron instalados en albergues dentro instituciones educativas | Foto: Cortesía Asociación Venezolana en Chile
Caracas.- Una posibilidad de repatriación para migrantes en Chile surgió esta semana. Aunque la oferta no ha llegado a los venezolanos, la petición de vuelos humanitarios de más de 600 migrantes de nacionalidad venezolana podría obtener una respuesta del Gobierno chileno. Pero, para acceder al beneficio, se les exigiría a los aspirantes firmar una declaración jurada en el que se comprometen a no regresar a Chile durante los próximos nueve años, ni siquiera como turistas.
El denominado “Plan humanitario de regreso ordenado al país de origen” es una salida que la administración de Sebastián Piñera diseñó ante el creciente problema de la migración venezolana, colombiana y haitiana en situación de calle o alta vulnerabilidad. No obstante, organizaciones de defensores de derechos de los migrantes venezolanos en ese país rechazaron la propuesta.
“Declaro, bajo promesa o juramento de fe, aceptar el compromiso de no regresar a Chile en el plazo de nueve años a partir de la materialización de la fecha de mi salida del país y estar en pleno conocimiento que al acogerme a este Plan humanitario de regreso ordenado al país de origen estaré sujeto a una prohibición de ingreso a Chile por el mismo plazo”, reza el sexto de siete apartados que conforman el documento.
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Las críticas a la proposición de la gestión de Piñera no provienen solo de venezolanos. De hecho, el documento se filtró originalmente en redes sociales por el chileno Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile. Pujols, con una vasta experiencia en asuntos migratorios de su país, introdujo en el Poder Judicial un amparo para detener las intenciones del Ejecutivo. Tanto los venezolanos como los chilenos consideran al plan como violatorio de los derechos humanos.
Al firmar la planilla, el migrante optante se compromete, además, a renunciar a toda solicitud de regularización de su estatus migratorio en Chile, que haya iniciado hasta la fecha del vuelo. “Renuncio a toda solicitud de residencia en el país que hubiese efectuado, así como a toda solicitud de refugio o al estatus de refugiado en caso de poseerlo, según corresponda”, establece el tercer parágrafo del compromiso, avalado por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
Carlos Carrasco, secretario de la Asociación Venezolana en Chile, explicó a El Pitazo que la medida desconoce el estatus especial de protección que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha urgido en favor de la población migrante venezolana. Asimismo, insistió en que el programa es una reedición de un programa de repatriación que se aplicó hasta finales de 2019 a migrantes haitianos.
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“El Gobierno (de Chile) quiere habilitar un plan de retorno humanitario, que ya se había hecho anteriormente en le pasado año 2019. Sin embargo, en esa ocasión, que fue específicamente para los migrantes de nacionalidad haitiana, se estipulaba es que una de las condiciones a las que tenían que comprometerse a no volver al país en los próximos nueve años. Esta medida la quieren volver a implementar pero ahora a los venezolanos. Nosotros nos hemos pronunciado totalmente en contra, porque nos parece una falta de enfoque de derechos humanos que están teniendo las instituciones chilenas”, expuso.
Carrasco cuestionó que la condición sea impuesta a todos por igual sin hacer revisión de los casos, que hace ver al plan humanitario más como una deportación. Medidas similares se ordenan, según el ordenamiento jurídico chileno, a personas que han cometido algún delito. En ese sentido, resaltó el contexto de gran vulnerabilidad de los afectados, pues son personas que perdieron sus empleos en medio de la pandemia por coronavirus o a consecuencia de la crisis económica que derivó del estallido social en Chile, registrado en el último trimestre de 2019.
“La población venezolana necesita protección, según las declaraciones establecidas por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. No puede ser que se imponga esta medida, cuando, además no cometieron algún tipo de delito o falta. Es inaceptable que obliguen a estas personas a no poder regresar a Chile en los próximos 9 años. Ni siquiera como turistas. Es sumamente grave y preocupante”, alegó.
La crisis migratoria venezolana se ha analizado con mayor preocupación en los últimos cuatro años, debido a su sostenido ascenso. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la considera “el desplazamiento de personas más grande en la historia reciente de América Latina”. De acuerdo con cifras de ese organismo, hasta octubre de 2019, más 4,5 millones de refugiados y migrantes salieron de Venezuela. Esto como resultado de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país.
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La llegada del coronavirus a la región y su rápida propagación en naciones como Chile ha propiciado un decrecimiento económico. Las medidas de contención de la enfermedad han incluido una paralización de las actividades productivas que ha impactado, sobre todo a los más vulnerables. Cientos de venezolanos en territorio chileno han sido desalojados de las viviendas por falta de pago de alquileres. Muchos de los que piden repatriación, aguardan una respuesta en refugios que se instalaron en planteles educativos. Otros acampan fuera de la Embajada de Venezuela en Chile, como forma de presión.
Hace poco más de una semana falleció un venezolano de 40 años, mientras esperaba por un vuelo humanitario en el albergue dispuesto en el colegio Arturo Alessandri Palma de Santiago de Chile. El migrante, cuya identidad se mantiene en reserva por confidencialidad, murió de un paro cardíaco, reportó el Gobierno de Chile. Hasta la fecha se desconoce si era portador de COVID-19, pues una semana antes de morir le tomaron muestras de laboratorio, cuyos resultados se desconocen .
En medio de la incertidumbre, la comunidad venezolana pugna por una respuesta digna a su reclamo. Otra de los obstáculos para concretar los traslados humanitarios yace en la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de permitir el aterrizaje. Sin este permiso, aunque se mantenga la propuesta de las autoridades chilenas, quienes correrán con los gastos y la logística de los vuelos, el ansiado retorno al país no tendrá fecha de despegue.
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