Caracas.- La justicia ecuatoriana liberó a 15 de los 17 venezolanos detenidos en el aeropuerto de Quito, en Ecuador, acusados de «tener información del presidente» Lenín Moreno.
Luego de celebrarse la audiencia de Flagrancia en Quito el viernes 11 de octubre, la Fiscalía determinó que no hay pruebas en contra de 15 venezolanos señalados por la ministra ecuatoriana María Paula Romo de estar detrás de las protestas en contra de su gobierno.
Sin embargo, otros dos venezolanos quedaron en libertad bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país, informaron a El Pitazo Norberto Salinas y Óscar Padrón, representantes de la organización no gubernamental Migrante Universal.
Otras dos personas, una de nacionalidad ecuatoriana y otra cubana, también detenidas por el mismo caso, salieron igualmente en libertad condicional
Salinas indicó que el 21 de octubre se celebrará la audiencia de juicio a estas cuatro personas. Sin embargo, considera que, de acuerdo con los argumentos en manos de la Fiscalía, el caso será desestimado.
El abogado denunció «exhabruptos» por parte del fiscal que lleva la causa, así como fallas procesales durante la audiencia de Flagrancia.
Padrón recomendó a los venezolanos en Ecuador abstenerse de celebrar reuniones y de acercarse a las manifestaciones.
«No formularon cargos, es decir, no son terroristas, no son delincuentes: Son trabajadores honrados y serán liberados de inmediato», dijo a El Pitazo Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, cuyo equipo de abogados también participa en la defensa de los venezolanos.
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«Es falso que estas personas hayan tenido la agenda de movilización del presidente y del vicepresidente de la República de Ecuador. También es falso que se hayan encontrado subametralladoras y otros elementos como parte de acciones terroristas», agregó.
Afirmó que estos 17 venezolanos son trabajadores y padres de familia que se encuentran legalmente en Ecuador, «muchos de ellos con residencia permanente, que gozan de estabilidad laboral y tienen hijos nacidos en este país».
Febres Cordero denunció que la detención fue «ilegitima» y «arbitraria» y, por tanto, una violación de los derechos humanos.
«Muchos trabajan un Uber, y disponen de teléfonos que deben contar con aplicaciones que permitan monitorear la llegada de los vuelos y otras informaciones necesarias para ofrecer sus servicios», explicó.
El abogado dijo que la Defensoría del Pueblo de Ecuador coincidió con los argumentos de la defensa. También exigió a las autoridades de ese país ofrecer disculpas públicas a los venezolanos afectados por las acusaciones.
Febres Cordero teme que señalamientos realizados por las autoridades ecuatorianas puedan generar actos xenófobos en contra de los venezolanos.
