La familia Hernández Mendoza quiere que se evite poner en riesgo la vida de la gente y que no se repita la historia de Ramón Ignacio Hernández Mendoza | Foto: referencial Reuters
Guanare.- A Ramón Ignacio Hernández Mendoza, de 48 años, lo enviaron a morir de mengua a su casa cuando requería estricta vigilancia médica para monitorear su frecuencia respiratoria, denuncian sus familiares. La prueba rápida para detección de COVID-19 había salido negativa y las autoridades sanitarias se rehusaron, en dos oportunidades, a recluirlo en el Centro Diagnóstico Integral de Boconoíto, al sur del estado Portuguesa.
En efecto, Hernández Mendoza falleció en su casa de Las Tinajitas el pasado viernes 14 de agosto, a consecuencia de un paro respiratorio, luego de ser rebotado por dos centros de salud. Su sobrino, Franger Hernández, cuenta que la muerte de su tío ocurrió por la desaplicación de una terapia de oxígeno. Murió por negligencia y ausencia de tratamiento médico, acusó.
En el ambulatorio de Las Tinajitas no le pudieron prestar la atención médica necesaria a Hernández Mendoza. La bombona con oxígeno disponible carecía de manómetro. Además, el puesto de salud no cuenta con el servicio de médicos y enfermeras durante la noche. El manómetro se consiguió por diligencia familiar, pero no se logró en lo inmediato un técnico para su instalación. Ya durante la madrugada apareció el instalador, pero el ambulatorio estaba cerrado.
Al paciente hubo que trasladarlo al CDI de Boconoíto, donde tampoco fue ingresado ni le administraron el tratamiento, pese a haber llevado y presentado el informe médico con todas las indicaciones y la orden de hospitalización por infección respiratoria baja. «Hubo una absoluta negligencia médica e inacción», reveló Hernández a El Pitazo.
Portuguesa | Gobernador Calles: «Videos sobre entierros por COVID-19 son un montaje»
Hernández Mendoza era un paciente con alta sospecha de COVID-19 que requería oxígeno urgente para salvar su vida. Cuando llegó al CDI por última vez, su nivel respiratorio estaba disminuyendo y se encontraba a 81°. Los médicos de guardia conocían el riesgo de muerte que este corría en ese momento. «Solo lo tuvieron bajo oxígeno durante tres horas y lo enviaron de nuevo a casa», denunció el sobrino.
Franger Hernández, quien ejerce de abogado y forma filas en la organización de derechos humanos Foro Penal, lamentó que después de darle sagrada sepultura a su tío fue que se hicieron presentes la epidemiólogo del municipio, y el personal médico y de enfermería. “Es una vergüenza que no se hayan acercado antes a realizarle a mi familiar la PCR ni el examen nasofaríngeo, como lo indicó el médico tratante en el informe presentado”, dijo.
«Todo lo que pasó es inhumano, cruel, inconstitucional y constituye una violación a los derechos humanos. Se actuó de mala fe al no procurar brindar la atención médica y hospitalización inmediata a este paciente», señaló el abogado al argumentar que esta muerte debe marcar un precedente en el estado Portuguesa. “Las autoridades regionales de salud deben entender la gravedad de los casos de COVID-19 y dar la orden a todos los centros de salud de la jurisdicción de que ingresen a cualquier persona que llegue con dificultad respiratoria, aunque el diagnóstico a través de las PDR dé negativo” agregó.
Hernández hizo un llamado a la reflexión al alcalde y a las autoridades del sector salud en el municipio San Genaro de Boconoíto y en el estado Portuguesa para que habiliten con equipos, personal médico y vigilancia sanitaria las 24 horas al ambulatorio de Las Tinajitas. Quiere que se evite poner en riesgo la vida de la gente y que no se repita la historia de Ramón Ignacio Hernández Mendoza, dada la gravedad de la pandemia y la escasez de combustible para trasladar o movilizar a un paciente hacia los hospitales centinelas de Guanare y Acarigua.
Esta web usa cookies.